Todo un periodo de la historia boliviana emerge abruptamente para alimentar la conciencia colectiva, sobre un pasado que empeñosamente se ha querido ocultar.
La Paz, 07 de julio de 2023 (AEP).- Bolivia y Argentina acordaron el intercambio de documentos militares secretos de las dictaduras de los setenta y ochenta para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.
Con el Memorándum de Entendimiento firmado el martes en Puerto Iguazú, Argentina, por los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, y del vecino país, Santiago Cafiero, será posible el intercambio de información sobre esa época de la historia de ambos países.
En el marco de la rúbrica —que se concretó durante la 62 Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del Mercosur y Estados Asociados—, el presidente argentino, Alberto Fernández, entregó a su homólogo Luis Arce documentación solicitada por la Comisión Nacional de la Verdad de Bolivia.
La Cancillería nacional informó que el acuerdo permitirá “prestar asistencia y cooperación mutua mediante el intercambio de documentación relevante para la investigación y esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor; y contribuir en el proceso de reconstrucción histórica de la memoria, la verdad y la justicia”.
Los presidentes y cancilleres de Bolivia y Argentina tras la firma del acuerdo.
Archivos del terror
En 1992, el ex preso político y abogado paraguayo Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de ese año, descubrió gran parte de los archivos secretos de la llamada Operación Cóndor en dependencias de la Policía paraguaya, que revelaron también la complicidad de Estados Unidos en la represión lanzada por las dictaduras militares latinoamericanas.
Almada descubrió miles de documentos secretos —un total de cinco toneladas— de la policía “stronista”, conocidos ahora como los “Archivos del terror”, que revelaron la existencia de la Operación Cóndor.
Dicha Operación estuvo coordinada por los regímenes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar a disidentes políticos en los años setenta.
Pinochet
El general chileno Augusto Pinochet fue el mentor de la Operación Cóndor, un sistema secreto para el intercambio de presos políticos en América del Sur.
Los “Archivos del terror” están clasificados, encuadernados y bajo custodia de la Justicia del Paraguay.
El acuerdo tácito entre las dictaduras militares de entonces facilitaba el intercambio de prisioneros políticos, informes de los servicios castrenses o policiales de información y hasta de ciertas fórmulas de torturas, algunas de “tipo casero”, con latigazos, salmuera y otros “ingredientes”.
Otras recetas del mismo tenor indicaban “cómo mantener vivos a los torturados”, siempre de acuerdo con los documentos encontrados en los archivos secretos de la policía “stronista”.
Capítulo boliviano
El pedido que hizo el 30 de julio de 2006 el senador Antonio Peredo para indemnizar a una víctima de la dictadura banzerista (1971-1978) hizo recordar a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que la Operación Cóndor existió y que dejó miles de víctimas.
Peredo —del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) y hermano de los guerrilleros ‘Inti’ y ‘Coco’, que combatieron junto a Ernesto Che Guevara en Ñancahuazú— logró, ese día, la aprobación en la Cámara Alta de una minuta de comunicación dirigida al Poder Ejecutivo en la que se solicitaba el resarcimiento económico de Carla Artés.
Artés tenía apenas 10 meses de edad cuando el 2 de abril de 1976 fue capturada en Oruro con su madre, Graciela Rutilo, por las fuerzas represivas de la dictadura de Hugo Banzer. Su padre fue asesinado en Cochabamba en septiembre de ese mismo año.
Madre e hija fueron trasladadas de Oruro a la ciudad de La Paz, donde las separaron. Graciela fue conducida a distintas dependencias del Ministerio del Interior, donde fue torturada. Peredo, también preso por la dictadura, coincidió en el encierro con la madre de Carla.
La bebé, en tanto, fue ingresada en el Hogar Carlos Villegas, donde permaneció con el nombre de Norah Nemtala.
Según testimonios de Matilde Artés Company, abuela materna de Carla, la niña fue varias veces llevada a las sesiones de tortura que sufría su madre.
“La traían desnudita, cogida de los pies y cabeza abajo”, señaló en testimonios que recogen organismos de derechos humanos de Argentina.
Luego de la detención de madre e hija, las autoridades bolivianas entregaron a Graciela y Carla a las fuerzas de seguridad argentinas, según consta en un radiograma oficial.
A partir de entonces estuvieron desaparecidas. Posteriormente, se supo que las dos pasaron por el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, de Capital Federal.
En 1983, las Abuelas de Plaza de Mayo localizaron a Carla en poder de un represor, a quien la niña consideraba su padre.
Tras un largo juicio se obtuvo la prisión del verdugo de Graciela Rutilo y se logró la restitución de la niña el 25 de agosto de 1985. Su filiación fue ampliamente probada por los análisis genéticos.
Carla residió en Madrid, España, junto con su abuela materna hasta su muerte. Fue madre de dos niñas, Graciela y Anahí.
Su madre permanece desaparecida.
