La propuesta busca subsanar de forma integral a las víctimas de hechos ocurridos entre septiembre y noviembre de 2019 y prevenir futuras vulneraciones.
En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de reparación integral para víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos cometidas en rupturas del orden constitucional. El proyecto, debatido en la 174 sesión ordinaria, fue remitido al Senado para su tratamiento y eventual promulgación.
La propuesta normativa establece un marco legal para garantizar justicia a quienes sufrieron vulneraciones graves durante periodos de inestabilidad democrática. Beneficiará a personas que fueron víctimas directas o indirectas de violaciones a los derechos humanos en contextos de quiebre del orden democrático, reconociendo la reparación como un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política del Estado.
Esta medida representa un paso importante hacia el reconocimiento del sufrimiento de muchas personas afectadas por hechos de violencia institucional.
Entre las medidas que contempla se encuentran la restitución, rehabilitación, compensación, satis-facción y garantías de no repetición. Estas acciones se aplicarán tanto en el ámbito individual como colectivo, y estarán determinadas por la gravedad de los daños sufridos. El enfoque integral considera no solo los aspectos materiales, sino también los daños morales, psicológicos y el impacto en el proyecto de vida de las víctimas.
La aplicación se centrará en los hechos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 7 de noviembre de 2019, período marcado por una grave crisis política y social en Bolivia. Sin embargo, la norma también contempla su vigencia ante posibles hechos futuros que representen violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de frenar la impunidad y fortalecer los mecanismos de justicia.
Antes de su aprobación, el proyecto fue sometido a consulta con diversas instituciones del Estado, incluyendo los ministerios de Gobierno, Salud, Obras Públicas, Educación, Trabajo, además de la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, entre otras. Este proceso buscó asegurar un enfoque interinstitucional en la implementación de las medidas de reparación.
La aprobación de este anteproyecto representa un hito en la búsqueda de justicia y reconciliación en Bolivia y abre un camino legal para sanar heridas y evitar que se repitan violaciones similares en el futuro. Ahora, el país espera el tratamiento del proyecto en el Senado, donde su discusión será clave para consolidar un marco normativo firme frente a las violaciones a los derechos fundamentales.
AEP
