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El Gobierno construyó viviendas en el área rural para beneficiar a familias vulnerables. Foto: Archivo

El modelo económico de Bolivia genera un impacto positivo en los derechos humanos

Con base en datos, el informe de la Cepal detalla que desde 2005 se han reducido los índices de desigualdad, particularmente en las áreas rurales del país.

La Paz, 16 de marzo 2024 (AEP).- El reciente informe publicado por la CIDH destaca que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo de Bolivia registra cambios positivos en indicadores socioeconómicos que impactan en la situación de los derechos humanos.

Los cambios positivos están plasmados en el informe Cohesión social: el desafío de la consolidación de la democracia en Bolivia, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se detalla los avances socioeconómicos registrados en el país y que fueron ponderados por organismos como el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y en base de la información del Gobierno nacional.

Acceso al agua en áreas rurales.

En el documento se menciona que el Estado informó sobre una mejora en los índices socioeconómicos, como la notable reducción de la pobreza extrema, que pasó del 38,2% en 2005 al 11.1% en 2021.

“Esto ha sido seguido por una disminución en la desigualdad, evidenciada por el cambio en el coeficiente de Gini del país, que disminuyó de 56,7 en 2006 a 40,9 en 2021, según información del Banco Mundial”, resalta el documento de la comisión.

 El porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas hasta 2012 —fecha del último censo nacional— era del 44,9%, disminuyó desde el 85,5% en 1976.

 “Incluso después la pandemia del Covid-19, Bolivia logró una recuperación económica y reducción de la pobreza”, apunta el informe.

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 Entrega de títulos agrarios.

 

Reducción de la desigualdad

Con base en datos, el informe de la Cepal detalla que desde 2005 se han reducido los índices de desigualdad, particularmente en las áreas rurales del país.

Según la Cepal, las estadísticas sobre marcadores sociales indican, por ejemplo, que en 2005 el 28,9% de hogares rurales tenía alumbrado eléctrico; 48,5%, agua, y 4,7%, saneamiento.

 “Estos porcentajes aumentaron significativamente en 2021, cuando, respectivamente, 89,5%, 70,4% y 20,1%, de los hogares tenían acceso a los mismos servicios. El índice de desarrollo humano en el año 2000 era de 0,632; en 2018 llegó a 0,714 y finalmente en 2021 se reportó en 0,692”, indica.

 Sobre la esperanza de vida al nacer, de acuerdo con información estatal, que se menciona en el informe de la CIDH, se establece que, a 2022 esta habría aumentado a 74,4 años, en comparación con 64 años en 2005, lo que contrasta con los datos del sistema de Naciones Unidas que puso la expectativa de vida en 66 años para hombres, y 71 para mujeres.

Al respecto, el analista económico Martín Moreira consideró que es importante destacar sobre el modelo económico social productivo que éste “incide en lo social”, porque representa “la igualdad en la distribución de las riquezas; y los proyectos, la mayoría sociales, impactan de manera favorable en la vida de los bolivianos”.

Pueblos indígenas

Sobre los pueblos indígenas, la CIDH considera que la aplicación del derecho a la libre determinación “contiene un elemento relativo al establecimiento y disfrute libre, sin presiones ni injerencias de su organización política y el desarrollo de su economía, su sociedad y su cultura”.

 En ese orden, saluda los avances en el reconocimiento de las formas de organización económicas propias de los pueblos indígenas. “A la vez, toma nota de las preocupaciones expresadas sobre los impactos del extractivismo de recursos naturales en los derechos de los pueblos indígenas y tribales”.

Desafíos

Entre los desafíos pendientes identificados por la Comisión se destacan la polarización política, medidas efectivas para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, incluyendo la jurisdicción indígena originario campesina, así como los derechos del pueblo afroboliviano.

Además de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, no binarias y de género diverso y la reforma judicial.


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