Bolivia, al ser parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, debe adecuar su ordenamiento jurídico junto a otros países de la región.
La Paz, 07 de abril de 2023 (AEP).- El proyecto de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, además de combatir delitos internacionales, se enmarca en el cumplimiento de recomendaciones y compromisos asumidos por el Estado.
Bolivia, al ser signatario del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), debe regirse en parámetros para la lucha contra delitos como el enriquecimiento ilícito, es por eso que los países miembros deben adecuar su ordenamiento jurídico a estándares internacionales
“Esta norma va a buscar en el ámbito de los compromisos internacionales del país”, explicó Lima con anterioridad, en una conferencia de prensa.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, explicó que el proyecto de Ley 280 es de necesidad para el país, ya que una instancia internacional sugirió a Bolivia mejorar los artículos penales referidos ganancias ilícitas y terrorismo.
El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, porque el GAFI es una entidad internacional que aglutina a alrededor de 200 Estados; en ese marco, todos los países que lo componen tuvieron que transitar también por la adecuación de sus normas penales para cumplir sus recomendaciones.
“El Gafilat se ocupa de crear los mecanismos de coordinación internacional para llevar adelante una lucha efectiva en delitos como la legitimación de ganancias ilícitas, en otros países se llama lavado de recursos de actividades del terrorismo y su financiamiento. Ahora existen recomendaciones y la necesidad de los Estados de cumplirlas”, explicó el diputado.
Bolivia en los últimos 14 años ha logrado salir de una lista gris de países observados que presentan deficiencias en el combate de esos delitos.
Al ser excluida de la lista gris, la entidad hizo recomendaciones puntuales, como impulsar una normativa que tipifique el delito de financiamiento del terrorismo en la legislación boliviana.
“Esas recomendaciones, al ser signatarios, implican que deben ser respondidas. El país, al no estar en la lista gris, tiene ventajas en las transacciones económicas internacionales, fundamentalmente, al no ser considerado como peligroso”, explicó Jáuregui.
La norma en el país es ambigua y por lo tanto se requiere una redacción específica que no dé lugar a diferentes interpretaciones. La Gafilat visitará Bolivia para una inspección este mes.
“El país va a tener una evaluación por parte de Gafilat porque son medidas antilavado que hacen que se perfeccione el marco regulatorio local. Nosotros, como país miembro de la comunidad internacional, debemos cumplir estas normas, pero, como digo nuevamente, este tipo de medidas no está al alcance de la población, no se sientan afectados los gremialistas, transportistas, los trabajadores no tenemos que sentirnos preocupados”, pidió el viceministro interino de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, en conferencia de prensa.
Continuará la socialización
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó ayer que el Gobierno continuará con la socialización del proyecto de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas con todos los sectores sociales del país.
“El mandato del presidente Luis Arce es muy claro, en tanto no concluya una socialización con todos los sectores, vamos a suspender la promulgación del proyecto de ley. La socialización se va a hacer en todo el país y va a ser con todas las personas que estén interesadas en mejorar el proyecto, y en todos los niveles gremiales, choferes y otros”, dijo la autoridad.
Informó que se reunieron con empresarios para socializar la propuesta normativa y similar actividad desarrollarán con toda la población interesada, ya que los principales objetivos de la propuesta normativa consisten en combatir el narcotráfico, identificar a las personas vinculadas con los delitos de trata y tráfico de personas y actos de corrupción.
Indicó que es importante combatir, de manera eficiente, estos delitos para tener mejores resultados en la resolución de este tipo de casos de legitimación de ganancias ilícitas, para que no queden en la impunidad ni haya retardación en la justicia, como en el caso de los 800 ítems fantasmas.
“Resulta que una alcaldesa que tiene 800 ítems fantasmas luego transfiere esos recursos a otros países, se compra casas, condominios y el cruceño no tiene salud, educación, calles asfaltadas. Esta es la situación que estamos buscando combatir, las grandes mafias”, dijo la autoridad.