El Gafilat recomienda aplicar ajustes normativos, por lo que se busca modificar cuatro artículos del Código Penal relacionados con la legitimación de ganancias ilícitas.
La Paz, 06 de abril de 2023 (AEP).- El presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados por el Movimiento Al Socialismo, Juan José Jáuregui, aseguró que el proyecto de Ley 280 no crea nuevos tipos penales, sino que los adecua y mejora.
“La ley no está construyendo nuevos tipos penales, esta ley está adecuando los tipos penales que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico”, explicó el asambleísta.
Puntualizó que, por ejemplo, el tipo penal de ganancias ilícitas no es nuevo, ya que fue incorporado a partir de la aprobación de la Ley 004, del 31 de marzo de 2010, de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, para perseguir e investigar a todos aquellos servidores públicos corruptos, quienes aprovechando la función pública se enriquecen e incorporan los recursos mal habidos a actividades lícitas como la adquisición de bienes.
Bolivia es parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), comprometido con la lucha contra delitos transnacionales como el terrorismo, el financiamiento al terrorismo, el tráfico de sustancias controladas y otros tipos penales.
“Al ser parte de Gafilat, corresponde que tengamos que cumplir sus recomendaciones y adecuar nuestra normativa para estar en armonía con el resto de los países”, explicó Jáuregui.
El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, y fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización de los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Este ente efectúa recomendaciones a sus miembros para realizar ajustes normativos y evaluaciones. Los países que no las cumplen son incluidos en una lista gris y las consecuencias recaerían directamente en los comerciantes, quienes tropezarían con tener las mismas facilidades para realizar importaciones o exportaciones, por ejemplo.