El expresidente fue inhabilitado bajo el criterio de que no residía en Bolivia.
La Paz, 26 de mayo de 2024 (AEP).- El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, calificó de “exagerado” el pedido de indemnización de Bs 1.912.933,59 solicitado por Evo Morales por lucro cesante y daño emergente, y afirmó que el Tribunal Supremo Constitucional se extralimitó en su decisión.
En el programa Que no me pierda, de la privada Red Uno, el vicepresidente del TSE explicó que la petición del monto se basa en el supuesto de que Evo Morales hubiera sido electo como senador.
“El Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la petición en esta competencia, porque ha determinado que se pueda pagar una indemnización suponiendo que quien fue inhabilitado hubiese sido elegido, y la fase de elección es una fase posterior a la inhabilitación”, aseveró Vargas.
“Si uno ve la acción de amparo en el petitorio, no se pedía en ningún momento daños y perjuicios, ni siquiera costas judiciales, como el Tribunal Constitucional ha determinado en la sentencia constitucional que ha emitido en 2022”, puntualizó y aseguró que los vocales deberán hacer la representación correspondiente.
El expresidente fue inhabilitado bajo el criterio de que no residía en Bolivia, ya que en ese entonces cumplía un refugio político primero en México y luego en Argentina.
Legisladores afines a Morales reivindicaron su derecho a cobrar la indemnización, mientras que legisladores de la oposición cuestionaron la pretensión. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga lo calificó de cínico.
“Con esto se demuestra que Evo Morales es un cínico en serie. Prácticamente en 14 años le ha robado al país con actos de corrupción, con elefantes blancos, con gastos insulsos, con lujos que se han realizado en época de bonanza y prácticamente ha derrochado el dinero de todos los bolivianos”, reprochó.
El proceso por esta indemnización, a cargo de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, está en un periodo de prueba, en el que la defensa de Morales debe demostrar la “pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra”, además de los gastos que efectuó y otros.
