Alertó que el proyecto para cesar vocales vulnera la Constitución y aseguró que será denunciado en instancias internacionales.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas alertó que el proyecto de ley que busca suspender a los vocales electorales sin debido proceso constituye una “grave violación a la institucionalidad democrática” y será denunciado tanto a nivel nacional como internacional.
“Es un proyecto insensato que atenta contra la independencia de poderes y pretende subordinar al Órgano Electoral a intereses políticos”, afirmó.
Vargas explicó que la normativa vigente establece con claridad las causales para cesar a un vocal del TSE, como ser, una sentencia penal ejecutoriada, un proceso disciplinario interno o fallecimiento. “No existe en la ley la facultad de la Asamblea Legislativa para suspender o cesar vocales de manera arbitraria. Este intento es inconstitucional y busca, claramente, alargar el proceso electoral con fines políticos”, sostuvo.
El vocal electoral lamentó que se quiera desconocer el proceso ya realizado, cuya primera vuelta se llevó a cabo el 17 de agosto, con resultados oficiales emitidos y nuevas autoridades electas. “No hay ninguna autoridad que pueda anular la voluntad del pueblo. La segunda vuelta está prevista para el 19 de octubre y debe cumplirse. Si el pueblo elige, una opción ganará y la otra perderá. Así es la democracia, y nosotros haremos respetar ese mandato”, remarcó.
A juicio de Vargas, detrás del proyecto existen intereses de dos frentes: autoridades actuales y legisladores que perdieron en las elecciones, y exautoridades que buscan forzar una nueva elección para volver a postularse. “Se pretende usar esta ley como un atajo para reconfigurar el tablero político. Pero no lo vamos a permitir. Esta elección debe concluir el 8 de noviembre con la posesión de las nuevas autoridades”, agregó.
El vocal recordó que el proceso electoral ya ha sido postergado injustificadamente por la propia Asamblea, encargada de preseleccionar nuevos vocales, lo que impidió que la elección se realice en 2023 como estaba previsto. “Advertimos hace dos años que, si no se cumplían los plazos, el riesgo era no llegar con tiempos a la posesión. Hoy se confirma ese temor. Pero insistimos: el mandato es de cinco años y debe respetarse”, señaló.
Vargas hizo un llamado a los legisladores a reencausar el respeto institucional y dejar de vulnerar la separación de poderes. “Esperamos que la Comisión de Constitución del Senado archive este proyecto, porque vulnera la ley del Órgano Electoral y pretende subordinar un poder del Estado a intereses partidarios. No lo vamos a permitir. Estamos comprometidos con la democracia y con el pueblo boliviano”, aseguró.
La iniciativa sobre dicho proyecto de ley será debatida hoy en la Comisión de Constitución del Senado, mientras crecen las alertas sobre su impacto en el balotaje del 19 de octubre.
AEP
