Es un derecho inédito en el país porque faculta a esta población a contar con un título agrario. En dos años y medio, el gobierno de Luis Arce posibilitó que más mujeres, la mayoría madres, accedan a una propiedad.
La Paz, 02 de agosto de 2023 (AEP).- En Bolivia se cumple el mandato constitucional que señala que “la tierra es para quien la trabaja”, y en el país las mujeres también producen y cuidan a la Madre Tierra, asegura el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que desde 1996 hasta este año entregó 1,35 millones de títulos de propiedad a esta población.
Desde la aplicación de la Ley 1715, de 1996, se reconoce el derecho de las mujeres a la tierra; pero desde la vigencia de la Ley 3545 de 2006 se incluye la equidad de género en la titulación de tierras rurales, estableciendo que sea el nombre de las mujeres el que vaya primero en el registro de los títulos.
Las más de 1,35 millones de mujeres que recibieron sus títulos de propiedad son productoras y el principal apoyo de la economía familiar.
En tanto, los más de 1,5 millones de varones que también lo obtuvieron, representan el 53% de los títulos de propiedad.
Beneficio
Esta medida, inédita en los procesos de reforma agraria a nivel continental, ha logrado que en Bolivia el 45% de los títulos emitidos sean para las mujeres, constituyendo un universo de 1,35 millones de señoras que son dueñas de la tierra, detalló el director nacional del INRA, Eulogio Núñez.
“Con esta política se cumple el mandato constitucional de que la tierra es para quien la trabaja, porque ellas son quienes trabajan y cuidan a la Madre Tierra”, remarcó la autoridad.
Marcha por la vida
El debate sobre el derecho de las mujeres a la tierra y territorio que se dio en Bolivia, tuvo su principal expresión en la Marcha por la Dignidad y la Vida impulsada en 1990 por los pueblos indígenas de las tierras bajas, que evidenció su efecto interpelador y movilizador a nivel sociopolítico, pues también se debatió la equidad de género, indica un informe de la Coordinadora de la Mujer titulado “Dueñas de nuestra vida, dueñas de nuestra tierra”.
En este sentido, las movilizaciones indígenas generaron amplia adhesión social, obligando a los sucesivos gobiernos que ejercieron el poder en los noventa a colocar en la agenda pública los conceptos de “tierra” y “territorio” y su mutua vinculación.
La aprobación de siete decretos supremos para el reconocimiento de territorios indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 1991, se erigieron como antecedentes de peso para generar reformas constitucionales.
