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(Foto: Archivo)

El acceso a la tierra en el Gobierno de Luis Arce es incluyente, equitativo y democrático

El INRA emitió resoluciones para reconocer la tierra-territorio en favor de los pueblos indígenas en más de medio millón de hectáreas.

La Paz, 02 de agosto de 2023 (AEP).- El resultado más relevante de la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, encarada por el gobierno de Luis Arce, es la configuración de una nueva estructura de acceso a la tenencia de la tierra que es más incluyente, equitativa y democrática, informó el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez.

Recordó que en la Reforma Agraria de 1953 los pueblos indígenas, especialmente los de tierras bajas, estaban invisibilizados.

“Pero hoy la tierra-territorio consolidada a los pueblos indígenas de tierras altas y bajas representa el 27% de la superficie saneada que, en conjunto, suman 25,6 millones de hectáreas”, señaló a Ahora El Pueblo la autoridad agraria.

Explicó que, durante la administración del Presidente socialista, el INRA emitió resoluciones para reconocer y consolidar la tierra-territorio a los pueblos indígenas de todo el país en más de medio millón de hectáreas.

Dijo que, en el caso del departamento de Beni, los pueblos atendidos son la Subcentral de Cabildos Indigenales de Baures; Pueblo Indígena San Pedro Nuevo Etnia Canichana; Subcentral Indígena Cayubaba, Gran Consejo Tsimane Chimane, Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Subcentral del Pueblo Indígena Movima, Territorio Indígena Multiétnico, Subcentral del Territorio Indígena Moxeño Ignaciano, con una superficie aproximada de 485.420 hectáreas.

“Otro pueblo atendido, en el sur del país, ha sido el pueblo guaraní, al que se le han reconocido más de 50 mil hectáreas en los departamentos de Chuquisaca y Tarija”.

El régimen de facto intentó un saneamiento ilegal de tierras sobre una superficie de 270 mil hectáreas

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El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) identificó, en 2021, al menos 51 predios ubicados en los departamentos de Santa Cruz y Beni con procesos irregulares de saneamiento de tierras sobre una superficie de 270 mil hectáreas. 

“El INRA emitió los respectivos informes legales que señalan estas irregularidades y se notificó al Viceministerio de Tierras, que a su vez demandó procesos ante el Tribunal Agroambiental para que se pronuncie sobre el caso”, explicó el director del INRA, Eulogio Núñez.

La autoridad explicó a Ahora El Pueblo que, para resolver esos casos, se promulgó el Decreto Supremo 4494, que habilita al Viceministerio de Tierras para presentar demandas sobre hechos irregulares identificados a partir de 2020, en la gestión de facto de Jeanine Añez.

El Decreto Supremo 4494 establece disposiciones para agilizar el saneamiento y titulación de tierras con el fin de promover su uso.

La norma 4494, dijo la autoridad, abrogó el Decreto 4320 del gobierno de facto de Añez, el cual facilitaba el proceso de saneamiento de tierras en predios con superficies grandes con observaciones a sus derechos de propiedad.

Marinkovic

La institución agraria encontró indicios de irregularidad en el saneamiento de los predios Tierras Bajas del Norte y Laguna Corazón, ambas localizadas en el departamento de Santa Cruz.

Añez pretendió beneficiar a la familia de Branko Marinkovic con aproximadamente 27.000 hectáreas sujetas a ser declaradas fiscales, conforme la normativa agraria y la Constitución Política del Estado.

Durante el gobierno de facto el INRA emitió resoluciones de saneamiento para 507 predios, de los que 46 tienen indicios de irregularidad con una superficie de 272.000 hectáreas. Entre ellas están las tierras de Marinkovic, ministro de Economía y Finanzas Públicas del gobierno de facto.

“Sobre el caso Marinkovic, se trata de un intento de apropiación de tierras fiscales, de propiedad del Estado boliviano, donde el gobierno de facto pretendía beneficiar a esa familia con 27.000 hectáreas”, remarcó Núñez.

Hasta ahora, explicó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, varios de esos procesos ya han sido resueltos por el Tribunal Agroambiental en favor del Estado.


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