Recientemente, la justicia determinó por unanimidad dar libertad pura y simple a Pumari y detención domiciliaria a Camacho.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó que el Gobierno apeló las resoluciones judiciales que dan libertad simple al excívico potosino Marco Antonio Pumari y detención domiciliaria al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho en el caso Golpe I. La apelación la hicieron en el marco del informe de expertos del GIEI, que reconoce las masacres de 2019.
“Deben primar los principios de verdad, memoria y justicia, para evitar la impunidad por la muerte de 37 personas en Senkata y Sacaba durante 2019”, enfatizó la ministra en Bolivia TV.
Recientemente, la justicia determinó por unanimidad dar libertad pura y simple a Pumari y detención domiciliaria a Camacho, ambos acusados por el caso Golpe I, que derivó en una convulsión, represión y terminó en masacres en 2019.
Saravia explicó que el Gobierno apeló esta determinación como una de las partes del Estado boliviano y para cumplir con las 36 recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), conformado por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La autoridad recordó que entre las recomendaciones que dio el grupo a los órganos del Estado es reparar el daño, dar justicia a las víctimas y no dejar en la impunidad a los responsables de las masacres. “Pero no solo a quienes hicieron un uso desproporcional de las fuerzas, sino contra quienes ordenaron los mismos”, expuso Saravia en referencia al decreto 4078, aprobado durante el régimen de Añez, con la que se dio aval a las Fuerzas Armadas a reprimir a personas y manifestantes.
CIDH llegó en 2019 a pedido de Añez
La autoridad recordó, además, que la CIDH llegó al país por el pedido que hizo Añez para investigar los hechos luctuosos que acontecieron entre septiembre y noviembre de 2019.
La ministra dejó en claro que los procesos que se siguen contra las personas involucradas, entres estas Añez, Pumari, Camacho y otros, se basan en el informe del GIEI y de otras instancias internacionales, por lo que instó al Órgano Judicial a considerar antes estos antecedentes.
También recordó que del informe se develó que tras las masacres de 2019, más de 600 víctimas, entre muertos, heridos y torturados en cárceles, exigen justicia.
“Se debe considerar primero a las víctimas. Creemos que las víctimas deberían ser el fin, que la dignidad debería ser el fin, darle garantías y dar justicia pronta y sobre todo evitar la impunidad a los responsables”, dijo.
AEP
