Siles dijo que el Ejecutivo cumplirá el fallo porque es obligatorio y vinculante. El diputado Juan José Jáuregui explicó que se actúo por el bien mayor.
El Gobierno, a través del ministro de Justicia, César Siles, defendió la legalidad del fallo del TCP que anula la sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 2024, ya que es una sentencia de cumplimiento obligatorio. Rechazó que se trate de un “contubernio”, aseguró que el fallo beneficia al pueblo y dijo que el Ejecutivo promulgará el crédito de $us 176 millones para la construcción de una vía.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante una sentencia, declaró nula la convocatoria a la séptima sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 2024, presidida por Andrónico Rodríguez, en la que se cesa a los magistrados del Órgano Judicial y del TCP, luego de declarar fundado un recurso presentado, el año pasado, por el diputado Juan José Jáuregui.
Sin embargo, exceptúa de esta nulidad la aprobación del decreto presidencial de amnistía e indulto y el crédito para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo II Confital, por $us 176 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Al respecto, el ministro de Justicia, César Siles, explicó que, ante la sentencia, el Gobierno nacional cumplirá con la misma, en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que los autos, declaraciones o fallos del TCP son de carácter obligatorio y vinculante, por lo que el presidente Luis Arce promulgará tanto la ley del crédito de $us 176 millones como el de amnistía en los siguientes días.
La autoridad rechazó que exista un “contubernio” entre el TCP y el Ejecutivo, como mencionan sectores evistas.
Al contrario, remarcó que la decisión del TCP obedece a “motivos de interés nacional”, para fortalecer la liquidez de dólares.
“Es una buena noticia para el pueblo boliviano que haya quedado sancionada esa ley”, destacó.
El 6 de junio de 2024, el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, junto a opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, convocó a una sesión para aprobar tres proyectos de ley, uno de estos para cesar de sus cargos a los magistrados del TCP y del Órgano Judicial, pese a que estaba en el país el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca.
La acción fue calificada de usurpación de funciones por parte de expertos constitucionalistas, como Franklin Gutiérrez, quien alertó de que los actos de esa sesión quedan nulos de pleno derecho.
Siles recordó que esta sesión fue declarada incompetente por el TCP debido a que Rodríguez no cumplió con lo que dice la CPE, que dispone que solo puede presidir una sesión del pleno de la Asamblea en ausencia del presidente nato, algo que no sucedió.
Se actúa por un bien mayor
El diputado Jáuregui expuso que el TCP actúo por “fuerza mayor”, al exceptuar de la sentencia de nulidad la sanción del proyecto de inversión para la construcción de la carretera, así como la amnistía.
“La sentencia dice que la convocatoria a sesión de Rodríguez no tiene validez, pero en la parte de los derechos fundamentales expresa que se debe buscar el bienestar común, por lo que la aprobación del proyecto 079, que involucra la aprobación de 176 millones de dólares, queda vigente, por un interés mayor”, señaló Jáuregui.
AEP
