La viceministra Alcón afirmó que no se pretende vulnerar el derecho de la población, de periodistas y medios de comunicación con el proyecto de Ley 305.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desde Cochabamba, ratificó una vez más el compromiso del Gobierno nacional de garantizar la libertad de expresión y el respeto a la Ley de Imprenta que se encuentran en plena vigencia en todo el territorio nacional.
“El Gobierno siempre ha garantizado la libertad de expresión para todos los bolivianos y bolivianas. Nosotros, como Gobierno, somos respetuosos de nuestra Constitución, de la Ley de Imprenta vigente, y no estamos proponiendo ninguna normativa o artículo que vaya en contra de la libertad de expresión, no estamos proponiendo ningún artículo nuevo de lo que ya se tiene actualmente en el país”, informó la autoridad en conferencia de prensa.
Explicó que el proyecto de Ley 305, elaborado por el Ministerio de Justicia y cuestionado por algunos actores sociales, cumple compromisos internacionales para mejorar la lucha contra actos de racismo y discriminación.
“Lo que se tiene son compromisos internacionales, es importante decir aquello, de Naciones Unidas, de la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial, y el Estado tiene por estos acuerdos responsabilidad de ajustar y mejorar la redacción para que como Estado sigamos en la lucha contra toda forma de discriminación”, argumentó.
La viceministra aclaró que el objetivo de dicho artículo es mejorar la redacción en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación y evitar los discursos de odio.
“El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, envía un proyecto de ley en el que se mejora el artículo 281, y se amplía y se agrava la pena para servidores públicos que promuevan actos de racismo, discriminación o discursos de odio, es lo único que se está mejorando en cuanto a redacción”, indicó.
Recordó que el Código Penal (CP) en su artículo 23 ya hace referencia a la sanción contra servidores públicos con discursos de racismo y discriminación.
Con este proyecto de ley, remarcó la autoridad, se pretende que la sanción sea de tres a siete años, en lugar de tres a cinco años como establece la Ley 045, vigente desde 2010.
“Estamos ampliando nada más, y por técnica legislativa, cuando un artículo se modifica en la parte uno y dos, que tiene que ver con una mejor redacción, la última solamente se la copia”, aseguró.
