El exministro y exgerente Nacional de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú, es uno de los acusados y se benefició con la detención domiciliaria.
La Paz, 25 de abril de 2024 (ABI). – El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, negó una persecución política en contra de las exautoridades involucradas en la denuncia por irregularidades en la construcción de la planta de carbonato de litio, y demandó a la Justicia dar con los responsables del daño económico al Estado.
“Esperamos que la justicia investigue este hecho y se dé con los autores de los delitos y del daño económico. Pero también pedimos el respeto al debido proceso, por ello desmentimos que exista una persecución política”, insistió ante denuncias de acusados, como el exministro y exgerente Nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, de persecución política.
Sobre la base de una auditoria exhaustiva, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó una demanda penal en contra de 12 de sus exdirectivos y una empresa contratista por problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas, con un daño económico de Bs 425 millones.
Las piscinas no pueden entrar en operaciones y afectan en la provisión de materia prima a la Planta Industrial de Carbonato de Litio, inaugurada en diciembre del año pasado tras superar todos los problemas detectados.
En “nuestro compromiso en la defensa de los recursos del Estado, YLB ha cumplido con esta labor, con este deber de realizar la denuncia ante un hecho identificado con presuntos delitos de corrupción”, explicó.
La administración del presidente Luis Arce encara un proceso de industrialización del metal blanco, con dos tecnologías existentes y un modelo de negocios soberano.
“Uno es el proyecto que se desarrolló hasta el 2020, el de evaporación; y el otro, es de la Extracción Directa del Litio; (sin embargo), en los últimos días intentan confundir a la población con la intencionalidad, no solamente de politizar sino también confundir todo lo que se viene desarrollando”, cuestionó.
Para las autoridades y todos los bolivianos, es una obligación denunciar hechos de corrupción que afecten al país, como el daño económico ocasionado en el complejo industrial del litio, en Potosí.
“También es nuestro compromiso reactivar los proyectos, repagar los créditos y reactivar esta industria que para el país es importante. Lo estamos haciendo, incorporando la tecnología de Extracción Directa del Litio como parte del proyecto porque tecnológicamente corresponde”, afirmó.
Echazú es uno de los acusados y se benefició con la detención domiciliaria.
