Las 25 admisiones referentes al país son una cifra notablemente inferior a la que registran otros Estados, que tienen centenas de casos, explicó el embajador Arce.
La Paz, 13 de mayo de 2023 (AEP).- El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, informó ayer que el gobierno de Luis Arce no tiene ni una sola denuncia por violación de DDHH en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Remarcó que las solicitudes corresponden a gestiones pasadas, algunas incluso anteriores a la administración del MAS.
El diario El Deber publicó ayer en su portada que “la CIDH admitió 21 casos de violación a los DDHH ocurridos en la gestión del MAS”.
“Ni una de estas 21 demandas que fueron admitidas corresponde a ninguna denuncia por una supuesta violación de derechos humanos en el gobierno del presidente Luis Arce; corresponden a gobiernos anteriores, en algunos casos del (ex) presidente Evo Morales, y en otros antes de su gestión”, aclaró Héctor Arce. Hizo notar la imprecisión respecto a la alusión que fueron “ocurridos en la gestión del MAS”.
El diplomático afirmó que el país tiene 21 admisiones de casos en la CIDH, correspondientes a las últimas tres gestiones, pero estos aún requieren de un proceso de análisis que podría requerir años para recién determinar su viabilidad. Además remarcó que esta cifra es notablemente inferior a la que registran otros países, que tienen centenas de casos.
“El periódico El Deber pretende dar la imagen de que el país estuviera con varios procesos por violaciones a los derechos humanos, y esto no corresponde a la verdad. Si bien hay procesos que han sido admitidos en los últimos tres años, estos son mínimos en comparación con procesos que se admiten de otros países, y esa admisibilidad no significa absolutamente nada, no significa que hay una presunción o que el Estado haya violado derechos humanos”, sentenció.
Citando a la web de la CIDH, explicó que en 2022 se denunciaron 25 casos referentes a Bolivia, en comparación con otros Estados como Colombia, que en el mismo periodo sumó 631; México, 625; Perú, 282; Brasil, 182; Argentina, 150; Ecuador, 110, entre otros.
El procedimiento
El embajador explicó que cuando una persona presenta una demanda ante la CIDH por sentir que sus derechos humanos fueron vulnerados, la organización recibe el documento y abre un registro, asignando un número, como cualquier otra petición que se presenta en cualquier instancia pública internacional.
Una vez que se presenta y se registra una demanda, esta ingresa en una etapa de análisis y verificación. Después de años de análisis, si se sustentan los elementos que puedan hacerla viable, recién se dicta un informe de admisibilidad, es decir recién se la admite.
Cuando se admite un caso, se abre un periodo en el que el Estado puede entrar en conversaciones con la supuesta víctima y llegar a un acuerdo para reparar el daño, según establece la legislación boliviana y la de todos los países signatarios del Pacto de San José de Puerto Rico.
De encontrarse méritos en la denuncia, se dicta un informe de fondo después de un proceso que puede durar varios años para establecer responsabilidad o no del Estado.
Si se determina responsabilidad, ese informe es puesto en conocimiento del Estado, que puede cumplir las recomendaciones y el caso termina. Si el Estado no cumple las recomendaciones de la CIDH, el proceso puede pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), donde se sustancia el proceso y esa sí es una instancia jurisdiccional que finalmente termina con una sentencia que es dictada y que es inapelable.
“En ese caso, Bolivia no tiene ni una sola demanda en curso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aseveró Arce, quien, en entrevista con Ahora El Pueblo, ratificó que el Estado Plurinacional “es un país profundamente respetuoso de los derechos humanos y respetuoso de la CIDH”.
Dos imprecisiones en una semana
El titular del viernes de El Deber es una segunda imprecisión publicada esta semana. La primera fue en el Día del Periodista Boliviano, cuando se aseveró que “La CIDH aceptó iniciar un proceso en contra del Estado boliviano por vulnerar la libertad de expresión”, lo que no corresponde a la verdad.
El Estado corroboró que no existe en curso ningún proceso o caso, en ningún sistema, por temas vinculados a la libertad de expresión.
“No corresponde a la verdad, lo aclaramos en su momento y El Deber rectificó esa información porque era una información totalmente contraria a la verdad, no existe ningún proceso contra el Estado boliviano, y mucho menos una petición en contra del Estado boliviano en materia de libertad de expresión. Esa fue una falacia que felizmente el mismo periódico se encargó de aclarar”, señaló el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, quien resaltó el profundo respeto del Gobierno a los DDHH.
