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Diputados  opositores evistas tratan de paralizar una sesión en Diputados.

Opositores insisten en trabar el PGE y gremiales cuestionan su alto salario

Parlamentarios de CC reiteraron que no aprobarán el presupuesto.  Los comerciantes de El Alto descalifican la labor de los legisladores.

Opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y otros en la Asamblea Legislativa insisten en trabar el PGE 2025; en tanto, gremialistas de El Alto cuestionan su alto salario por no trabajar.

“No vamos a aprobar este presupuesto como oposición y vamos a exigir las modificaciones”, advirtió ayer el diputado Alberto Astorga, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

Desde la semana pasada, legisladores de oposición anunciaron que no aprobarán el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, porque consideran que existen dentro de la asignación de recursos “gastos insulsos”, entre estos está la celebración del Bicentenario de Bolivia, que el 6 de agosto de 2025 cumplirá 200 años de independencia.

  El diputado Miguel Roca, de la misma alianza, también afirmó que rechazará el presupuesto porque considera que se accede a más créditos, entre otras observaciones.

Reducción salarial de parlamentarios

Un grupo de gremialistas de El Alto liderados por Nancy Quispe, cuyo sector pide una audiencia con el presidente Luis Arce, cuestionó los más de Bs 23 mil que ganan diputados y senadores en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en muchas ocasiones sin trabajar.

El sector demanda al Gobierno nacional un pliego petitorio de 21 puntos, entre estos está la reducción salarial de los parlamentarios y la atención a las necesidades económicas, entre otros.

No es el único sector que pide la reducción salarial de los legisladores, también lo propusieron la dirigencia de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

La idea surge por las constantes trabas que ponen a cada proyecto de ley que ingresa desde el Ejecutivo, como créditos para obras sociales y ahora contra el presupuesto general, que debe ser aprobado en 60 días, caso contrario se aplicará la Constitución Política del Estado, que establece que ante la demora del Legislativo, entrará en vigencia, concluido el plazo.

La Paz/AEP


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