Los agredidos fueron tomados como rehenes en las afueras de la ciudad, en el sector de El Abra y Azari, por un grupo de extrema derecha, autoridades y cívicos locales.
La ejecutiva nacional de la organización, Aida Villarroel, acusó al expresidente Evo Morales y a la región del trópico de Cochabamba de generar división en el sector.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar anunció un inminente juicio de responsabilidades contra el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce.
La bancada de CC basó su desaire a la capital en un decreto de austeridad de hace dos décadas, cuando Carlos Mesa Gisbert era presidente de Bolivia.
Las contradicciones del exgobernante fueron interpretadas por el viceministro Gustavo Torrico como una prueba “contundente” de que “lo que diga Evo no tiene ningún valor”.
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