Frente a cuestionamientos a la sentencia del Tribunal Constitucional, la institución afirma que tienen un trasfondo político vinculado con el dirigente Evo Morales.
La medida asumida por el Ejecutivo promueve la participación ciudadana y fortalece la relevancia de este gran proceso para el desarrollo del país.
El Defensor del Pueblo lamentó que pese a dictarse la sentencia contra cuatro exautoridades en el caso de la concejala Juana Quispe Apaza, proceso que demoró casi 12 años.
Alavi expresó su confianza en que el pueblo no será confundido y que cualquier intento de bloqueo será un fracaso.
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