La segunda autoridad del Estado boliviano gestiona a nivel internacional acciones para que se respete el legítimo derecho de los pueblos de efectuar el uso tradicional, nutricional, medicinal, además de industrializar y comercializar este alimento.
La propuesta se enmarca en mar para Bolivia, aguas del Silala, cumplimiento del Tratado de 1904, privatización de puertos chilenos, litio, migración y crimen organizado.