Calificó los hechos de “delitos deplorables y aberrantes” y denunció que “fueron ocultos durante años, tiempo que transcurrió en aparente normalidad por el silencio cómplice de la estructura eclesial local, que encubrió los mismos con una inaceptable indiferencia e indolencia”.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia hizo la solicitud para evitar que se minimicen los delitos sexuales cometidos por curas.








