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Admiten denuncia penal contra Evo por cercos, agresiones y caos vial

Admiten denuncia penal contra Evo por cercos, agresiones y caos vial

El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó que la denuncia contra Morales fue aceptada y la investigación se encuentra bajo control jurisdiccional en La Paz.

La Fiscalía General del Estado admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y su colaboradora Suseth Rodríguez por su presunta responsabilidad en los bloqueos y actos violentos registrados en varias regiones del país, principalmente en Cochabamba, con el objetivo de forzar su habilitación como candidato presidencial.

“El Ministerio Público, en el marco de la objetividad e independencia, ha determinado admitir esta denuncia, que se encuentra en el departamento de La Paz, por ciertos tipos penales”, explicó Mariaca en conferencia de prensa.

La denuncia fue formalizada el 5 de junio en la ciudad de La Paz y dio paso a una investigación preliminar bajo control jurisdiccional. El proceso cuenta con la participación de fiscales de materia y efectivos de la Policía Boliviana, quienes recolectan elementos sobre la presunta comisión de delitos.

Entre los tipos penales que figuran en la denuncia están el atentado contra la libertad de trabajo, la instigación pública a delinquir y otros cargos adicionales que fueron analizados por la Comisión de Fiscales designada al caso.

El Ministerio de Justicia identificó a Morales y Rodríguez como los principales responsables de ordenar cercos y bloqueos de caminos con el fin de ejercer presión para que se permita la candidatura del exmandatario, a pesar de no contar con partido político habilitado y tras haber vencido el plazo de inscripción de postulantes el 19 de mayo, en cumplimiento de normas y fallos constitucionales.

Los bloqueos, iniciados el lunes pasado, han generado una fuerte afectación a la población, especialmente en Cochabamba. Médicos, enfermeras, periodistas, transportistas y otros sectores han reportado agresiones, amenazas y obstáculos para desarrollar sus actividades.

La medida de presión ha sido calificada como violenta, sin respeto a derechos fundamentales ni al libre tránsito.

AEP


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