La Alcaldía de La Paz ha señalado a la empresa inmobiliaria Kantutani como responsable de los movimientos de tierra que habrían provocado la mazamorra.
El alcalde de Achocalla, Manuel Condori, y su similar de La Paz, Iván Arias, se presentaron ante la Fiscalía Departamental de La Paz para declarar como testigos en la investigación del desastre en Bajo Llojeta, donde una mazamorra sepultó varias viviendas y causó la muerte de una niña.
Condori llegó acompañado de sus abogados, según imágenes difundidas por cadenas televisivas. En tanto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, prestó su declaración por espacio de siete horas.
La Alcaldía de La Paz ha señalado a la empresa inmobiliaria Kantutani como responsable de los movimientos de tierra que habrían provocado la mazamorra. Según la denuncia, la empresa buscaba ampliar el cementerio Los Andes y habría operado con un presunto permiso otorgado por el municipio de Achocalla.
El hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, sorprendiendo a los vecinos de Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz. La mazamorra destruyó viviendas, sepultó vehículos y cobró la vida de una niña de cinco años, cuya tragedia conmocionó a la ciudadanía.
El Ministerio Público inició una investigación penal de oficio por el delito de estrago, con el agravante de homicidio, debido al fallecimiento de la menor. Las declaraciones de los alcaldes y otros involucrados serán clave para determinar responsabilidades en este hecho que consternó a la ciudadanía.
Detención domiciliaria
La Justicia de Perú determinó la detención domiciliaria de Luis Iturralde, dueño de inmobiliaria Kantutani, hasta que se concrete con el proceso de extradición y sea entregado a las autoridades bolivianas, informó ayer el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
“Iturralde, al arribar a territorio peruano, ha decidido ingresar él mismo en el marco de esta notificación, nuevamente repito, se ha sometido a un proceso breve, si vale el término, en el cual se ha determinado la detención domiciliaria”, explicó Ríos en contacto con la prensa.
Aseguró además que deberá presentarse cada 15 días ante la justicia peruana y no puede salir del país mientras se tramita el proceso de extradición; es decir, ya se está iniciando con el proceso desde Perú hacia Bolivia”, enfatizó Ríos.
La Fiscalía de La Paz activó de oficio la investigación por el delito de estrago, con la agravante de homicidio.
La Paz/AEP
