“Dos fallecidos por arma calibre 9 mm, uno por 5,56, dos por 22 y los otros cadáveres con orificios de entrada y de salida”, señala el informe de la matanza.
La Paz, 06 de julio de 2023 (AEP).- La expresidenta de facto Jeanine Añez será procesada por la vía ordinaria en la justicia boliviana por la muerte de una decena de civiles desarmados en la ciudad de El Alto durante la crisis política y social de 2019.
De acuerdo con el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, en agosto se podría tener la acusación presentada por el Ministerio Público y en octubre se instalaría el juicio de Senkata porque, aseguró, es el que tiene mayor avance.
“La etapa preparatoria en el caso denominado Masacre de Senkata es la más avanzada y está próxima la acusación formal”, aseguró.
“Luego vendría el caso Masacre de Sacaba”, remarcó la autoridad en entrevista con radio Erbol.
El Ministerio Publicó determinó la ampliación del proceso penal contra Añez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre que dejó a 10 personas fallecidas por impactos de bala el 19 de noviembre de 2019.
Las muertes ocurrieron en el marco del desarrollo de una operación militar y policial autorizada por la presidenta inconstitucional y su primer gabinete.
Añez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de eventuales juicios penales las acciones de los militares, que luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogado.
Sebastián Pagador
La comisión de fiscales que pidió la ampliación del proceso estableció que el 19 de noviembre de 2019 fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron el Plan Sebastián Pagador, que consistía en tomar control de la planta estatal de engarrafado de gas licuado y almacenamiento de carburantes ubicada en el barrio alteño de Senkata.
Las fuerzas de seguridad del Estado, que habían desplegado vehículos de combate, despacharon sin resistencia ciudadana cisternas con combustible que llegaron “a su destino final sin novedad”.
“Sin embargo, posterior a la salida del convoy de cisternas, grupos de personas provistas de palos, piedras y petardos agudizaron sus protestas en inmediaciones de la planta, hecho que generó, entre otros, la caída de muros perimetrales colindantes con la carretera La Paz-Oruro”, señala el informe oficial.
A raíz de esos hechos, agrega el Ministerio Público, se generó la violenta represión de las fuerzas combinadas contra la población civil desarmada.
“Se registró un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles por proyectil de arma de fuego y lesiones por elemento confuso perforante, así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego”.
Los peritos forenses establecieron que dos personas fallecieron por arma calibre 9 mm, un fallecido por calibre 5,56 y dos por calibre 22.
“Los restantes cadáveres presentaban orificios de entrada y de salida”.
Las muertes ocurrieron, según la comisión de fiscales, “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal al personal militar”.
GABINETE
“El decreto de la muerte”, como fue bautizada la norma 4078, fue firmado, además de Jeanine Añez, por Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (ministro de la Presidencia), Arturo Murillo (ministro de Gobierno, con condena en Estados Unidos por lavado de activos), Fernando López (ministro de Defensa), José Luis Parada (ministro de Economía), Álvaro Guzmán (ministro de Energía), Yerko Núñez (ministro de la Presidencia), y Álvaro Coímbra (ministro de Justicia).
La nómina está integrada también por María Elva Pinckert (ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordóñez (ministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (ministra de Comunicación).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba, Cochabamba, con 11 muertos, y Senkata fueron masacres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, luego de la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Añez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” por el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción de Añez a la presidencia y que generaron 38 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.
En el caso de Senkata —según el Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales— “está claro el panorama y el camino a seguir”, y a partir de la notificación que se formalizó hace más de dos meses con la imputación se estaría concluyendo la etapa preparatoria de la investigación.
PACIFICACIÓN
El 12 de noviembre de 2019, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, hoy prófugo de la justicia, le imponía la banda presidencial a Jeanine Añez.
“Mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país”. Esas fueron las promesas, con la Biblia en la mano, de Añez minutos después de asumir el mando de la nación sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, Evo Morales y Álvaro García, un paso que exige la Constitución.
Ultrarreligiosa, cada mañana que llegaba a ‘su’ despacho en el Palacio Quemado, reunía a su círculo de colaboradores más cercanos e invocaba a Dios en sus oraciones.
El 15 de noviembre cumplió ese mismo ritual y minutos después recibía y firmaba el “decreto de la muerte”. El documento había sido discutido y redactado un día antes.
El artículo 3 de esa norma provocaría el estupor de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país por estimular la represión violenta: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
Mientras los comandantes militares, bajo el respaldo del “decreto de la muerte”, bosquejaban las operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado para aplastar las movilizaciones, ese mismo 15 de noviembre en el hall del Palacio Quemado se presentaba Jeanine Añez a la prensa extranjera como la “presidenta transitoria”.
La parlamentaria marginal y poco conocida no mencionó la vigencia del Decreto 4078, pero advirtió a los periodistas de la aparición de supuestos grupos subversivos armados.
“Como presidenta de Bolivia quiero informar que hemos identificado grupos subversivos armados conformados por súbditos extranjeros y de compatriotas de algunas regiones en conflicto”, dijo, acompañada por ministros de Estado, comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, reportaba una agencia internacional.
En el primer día de las intervenciones militares orientadas a “pacificar el país” murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba.
El 19 de noviembre, en Senkata, se registraron otros 10 civiles fallecidos y 78 heridos.
Después de las sucesivas masacres se conoció el decreto aprobado por el Ejecutivo, y al gobierno de facto le llovieron críticas internacionales.
En 10 días de vigencia, la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas generó 38 muertos y decenas de heridos.
Al revocar la medida, en cadena nacional, Jeanine Añez dijo que se había logrado la “pacificación”.
En vigilias ciudadanas, las familias de las víctimas y organizaciones sociales recordaron en las calles que “masacre no es pacificación”.
Informe forense de los diez fallecidos por arma de fuego en El Alto
1. Edwin Jamachi Paniagua, 38 años: shock hipovolémico, traumatismo torácico abierto.
2. Devi Posto Cusin, 34 años: laceración de órganos torácicos.
3. Clemente Eloy Mamani Santander, 24 años: traumatismo pélvico abdominal.
4. Antonio Ronald Ticona, 24 años: traumatismo cráneo-encefálico.
5. Pedro Quisberth Mamani, 37 años: traumatismo torácico abierto.
6. Juan José Tenorio Mamani, 22 años: traumatismo torácico abierto.
7. Joel Colque Patty, 22 años: traumatismo torácico abierto.
8. Milton David Zenteno Grironda, 24 años: fractura de huesos craneales, traumatismo cráneo-encefálico.
9. Calixto Huanaco Aguilario, 32 años: traumatismo cráneo-encefálico.
10. Rudy Cristhian Vásquez Condori, 23 años: laceración encefálica, traumatismo cráneo-encefálico.
Se reportó que 341 personas fueron heridas en todo el país, quienes se encuentran bajo el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, de la Fiscalía General del Estado.
