El avance registrado entre 2020 y 2024 supera ampliamente los resultados obtenidos en las gestiones pasadas, como en el periodo de 2016 a 2020.
El país, en un esfuerzo sostenido y progresivo, registra un récord en erradicación de cultivos excedentarios de hoja de coca en 38.515 hectáreas durante cuatro años de gestión gubernamental, según el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.
“Estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno nacional con la lucha contra el narcotráfico y el control de cultivos excedentarios. Bolivia está demostrando que se puede actuar con firmeza, respetando al mismo tiempo los usos tradicionales de la coca”, afirmó el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.
El desglose por departamentos evidencia que en el trópico de Cochabamba se erradicaron en la gestión del presidente Luis Arce 21.410 hectáreas; le sigue Santa Cruz, con 10.660 hectáreas eliminadas; La Paz, 6.374 hectáreas; y Beni, con 71 hectáreas.
Gestiones anteriores
El avance registrado entre 2020 y 2024 supera ampliamente los resultados obtenidos en gestiones pasadas.
Durante el periodo 2016-2019, las cifras anuales oscilaron entre 5.000, 8.000 a 9.600 hectáreas.
“Hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en los últimos años, fortaleciendo los operativos y brindando alternativas sostenibles a las comunidades afectadas por los cultivos excedentarios”, enfatizó.
La autoridad agregó que la prioridad del Gobierno no es solo eliminar cultivos ilegales, sino transformar estas áreas en regiones productivas y sostenibles.
Con este récord, Bolivia no solo reafirma su compromiso en la lucha contra los cultivos excedentarios, sino que también se posiciona como un actor clave en el combate global al narcotráfico, marcando un precedente para la región.
LA ERRADICACIÓN ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LA RESISTENCIA
La lucha contra los cultivos excedentarios de coca en Bolivia no es solo una cuestión legal, es una batalla por la integridad institucional y el respeto al Estado de derecho.
Las declaraciones del Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas revelan un panorama complejo donde la voluntad gubernamental de cumplir con la normativa nacional e internacional choca con la resistencia de grupos que creen estar por encima de la ley.
El gobierno del presidente Luis Arce ha demostrado una consistencia encomiable en la política de erradicación, y los números hablan por sí solos: 9.458 hectáreas en 2021, 10.260 en 2022, 10.302 en 2023, y ya más de 8.000 hectáreas a noviembre de 2024.
Esta continuidad refleja, dijo la autoridad, un compromiso serio con el control de los cultivos que exceden las cuotas legales.
Sin embargo, el verdadero desafío se concentra en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión histórico del expresidente Evo Morales.
La paralización de las tareas de erradicación durante más de 200 días no es un problema administrativo, es un acto deliberado de obstrucción que desafía la autoridad del Estado y pone en riesgo los compromisos internacionales de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, recordó Mamani.
Las áreas protegidas —el Parque Nacional Isiboro Sécure, el Parque Nacional Carrasco, la Reserva Forestal El Choré— son testigos silenciosos de esta pugna por el cumplimiento de la ley.
La Fuerza de Tarea Conjunta no solo enfrenta un desafío logístico, sino una resistencia organizada que busca mantener privilegios por encima de la ley y la conservación ambiental.
Lo más preocupante es la persistencia de un modelo que parece poner intereses particulares por sobre el bienestar nacional. La erradicación no es un capricho gubernamental, es un mandato constitucional y un compromiso internacional que busca proteger tanto la integridad territorial como la salud pública.
Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta erradican cultivos excedentarios de la hoja de coca. Foto: Archivo
El gobierno del presidente Arce ha sido claro: las tareas continuarán durante diciembre y enero, con el objetivo de alcanzar las 10.000 hectáreas erradicadas este año.
Esta determinación debe ser respaldada por toda la sociedad boliviana, más allá de colores políticos o lealtades regionales, señalaron analistas políticos.
De acuerdo con diversos analistas, no se trata solo de cumplir una meta numérica, sino de reafirmar la supremacía de la ley, el respeto a las instituciones y el compromiso con un desarrollo sostenible del país.
El Ejecutivo señaló en su momento que cada hectárea erradicada es un paso hacia la construcción de un Estado de derecho más robusto, más transparente y más justo.
La resistencia a la erradicación es, en el fondo, un desafío a la institucionalidad democrática, según las autoridades.
El titular de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo en su momento que Bolivia no puede permitirse que grupos particulares, por poderosos que sean, se sitúen por encima de la ley.
Del Castillo dejó en claro que la erradicación de cultivos excedentarios no es una guerra contra los productores, es una batalla por la legalidad, la soberanía y el futuro del país.
El compromiso debe ser colectivo, dijo, porque la ley no es un obstáculo, es el camino que nos conduce a una sociedad más justa y equitativa.
La Paz/AEP
