La decisión se tomó luego de no encontrar pruebas que sustenten la denuncia presentada por una diputada nacional.
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca informó que rechazó la apertura de una investigación por la presunta manipulación del sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE), atribuida a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic). La decisión se basó en la falta de indicios que sustenten la denuncia presentada por una diputada nacional.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, explicó que la resolución fue emitida por el fiscal asignado a la Unidad de Corrupción.
Según Mariaca, se cumplieron todos los procedimientos correspondientes y se actuó con rigurosidad para garantizar la transparencia del proceso investigativo. “A la fecha no se han encontrado indicios de alguna supuesta manipulación informática”, afirmó.
La denuncia fue impulsada por la diputada Luciana Campero, quien afirmó que, mediante la Ley 1057, la Agetic tendría acceso a datos sensibles del padrón electoral y del Servicio de Registro Cívico (Serecí).
Sin embargo, las investigaciones descartaron cualquier tipo de intromisión en los sistemas del TSE. Incluso, los vocales del Tribunal declararon ante el Ministerio Público y negaron categóricamente la versión, aludiendo falta total de pruebas.
Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, ya había anticipado a finales de septiembre que se solicitaría formalmente el cierre del caso. Recalcó que nunca se produjo un acceso no autorizado por parte de la Agetic y desestimó por completo las acusaciones. "Hemos llegado a la conclusión de que en ningún momento se produjo ninguna intromisión", enfatizó la autoridad electoral.
El titular del TSE también consideró que la investigación surgió a raíz de una declaración “precipitada” y sin sustento técnico. En ese marco, aseguró que no se justificaba mantener abierta la denuncia, por lo que se pidió archivar definitivamente el proceso. La declaración se alinea con la decisión final de la Fiscalía de no dar curso a la apertura formal de un caso penal.
Con esta resolución, el Ministerio Público cierra un episodio que generó tensión entre instituciones del Estado. La falta de pruebas concluyentes y la cooperación entre las partes involucradas permiten zanjar un tema sensible en el contexto electoral, lo que reafirma la necesidad de prudencia en la emisión de denuncias públicas.
AEP
