El titular de Justicia recordó que el caso fue iniciado por el Ministerio Público y que en las próximas semanas se podría iniciar el juicio oral.
El ministro de Justicia, César Siles, afirmó que no existe persecución judicial en el proceso abierto por el fallido golpe de Estado del 26 de junio de 2024. Recalcó que la investigación fue activada de oficio por el entonces fiscal general Juan Lanchipa, y subrayó que ya hay actores confesos.
“No hay ninguna persecución judicial. Este proceso, que ya tiene 10 meses, permitió a los involucrados presentar sus pruebas de descargo. Algunos se sometieron a procedimiento abreviado reconociendo su responsabilidad. Si bien esto les permite acceder a una pena menor, igualmente implica una condena”, sostuvo Siles en entrevista con Bolivia TV.
Las declaraciones del ministro se dan luego de nuevas aprehensiones en el marco de este caso, incluido el abogado Jorge Valda y tres militares: el general Marco Bracamonte, el coronel Mario Tanka y Bismarck Imaña. Todos investigados por su presunta participación en el intento de derrocar al presidente Luis Arce, liderado por el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien irrumpió en la plaza Murillo con tanquetas y efectivos encapuchados.
Siles recordó que la investigación fue activada inmediatamente después de los hechos, por iniciativa del Ministerio Público. Aclaró que su cartera no es parte del proceso, pero tiene la obligación de coordinar con el Órgano Judicial para asegurar el debido proceso y el acceso a la justicia.
El ministro César Siles en estudios de Bolivia TV. | Foto: Josué Cortéz
Insistió en que el Ministerio Público es el único órgano competente para dirigir las investigaciones. “Ni el Ministerio de Gobierno ni el Ministerio de Justicia tienen facultades para ordenar aprehensiones o imputaciones”, enfatizó.
Destacó que el caso está cerca de arrojar seis sentencias condenatorias. Tres militares ya fueron sentenciados después de acogerse al procedimiento abreviado, y otros tres están en proceso. “Esto demuestra que hay responsables que han reconocido su participación”, dijo.
Indicó que más de 30 personas están bajo investigación, en distintas calidades procesales. “Esperamos que en las próximas semanas concluya la etapa investigativa y se pueda presentar la acusación formal para iniciar el juicio oral, público y contradictorio”, señaló.
Cuestionamientos
Sobre los cuestionamientos al tipo penal de terrorismo, el ministro recordó que tanto este como el delito de alzamiento armado están vigentes en el Código Penal, mientras no haya pronunciamiento contrario del Tribunal Constitucional o una reforma legislativa. “Si el tipo penal cambiara, tendría efecto solo hacia adelante, nunca con carácter retroactivo”, aclaró.
Finalmente, confirmó que uno de los cinco mandamientos de aprehensión emitidos recientemente corresponde al diputado de Creemos Richard Ribera. “Sé que el mandamiento fue emitido y está en proceso de ejecución. No hay órdenes adicionales, como se especulaba”, concluyó.
AEP
