La Iglesia Católica determinó crear la Comisión Nacional de Escucha y la Comisión Nacional de Investigación, las cuales indagarán los casos de pederastia de sacerdotes.
La Paz, 25 de mayo de 2023 (AEP).- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó ayer que la justicia canónica —la cual no garantiza un resarcimiento de daños a las víctimas— no reemplaza a la justicia penal, ante la llegada del sacerdote del Vaticano Jordi Bartomeu para investigar los casos de pederastia en Bolivia.
“Hay que ser enfáticos: la justicia canónica no reemplaza a la justicia penal; es importante sentar todos estos elementos dentro del análisis que se realiza, ya que este caso ha sido instalado en la agenda pública no solo por la connotación social que representa, sino por el daño emocional que se ha generado a todas las víctimas”, indicó la autoridad.
Informó que el tipo penal que emerge no solo es al autor del hecho, sino que también está involucrada la persona que encubre o es cómplice del delito. “El tema de pederastia está tipificado en el Código Penal boliviano y existe también el delito de encubrimiento, que de igual manera está tipificado dentro de nuestra legislación”, reiteró.
Los casos de pederastia, violación y abuso sexual se destaparon el 29 de abril, cuando el diario español El País publicó parte del contenido del diario del cura Alfonso Pedrajas, en el que relata que abusó a más de 85 niños en Bolivia, hecho que provocó conmoción e indignación en el país.
Desde esa fecha varios casos fueron saliendo a la luz y las víctimas de Pedrajas y otros miembros de la Iglesia Católica comenzaron a denunciar las atrocidades que vivieron en su infancia.
Justicia canónica
La Iglesia Católica anunció que investigará a través de la justicia canónica a los padres acusados, pero dicha justicia no brinda una reparación de los daños a las víctimas.
En primera instancia, el obispo de cada diócesis inicia la indagación; si identifica indicios suficientes, el obispo debe tomar varias medidas. Una de las primeras es poner en conocimiento de la justicia y si se abrió una denuncia, la Iglesia debe ofrecer su colaboración.
En los casos “muy graves” de abusos a niños, la justicia canónica permite que el Papa expulse al clérigo acusado.
Si la acusación es verosímil, el caso llega al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la institución del derecho eclesiástico encargada de promover la doctrina de la Iglesia. Este órgano alojado en la Santa Sede estudia la denuncia y decide qué se debe hacer, como establece la guía sobre procedimientos fundamentales en caso de abusos sexuales del Vaticano.
A partir de ahí, el Dicasterio tiene varias opciones. La institución puede autorizar a los obispos a iniciar un proceso penal, de forma que el sacerdote acusado del delito deba “responder” ante la justicia eclesiástica, como marca el reglamento.
En los casos “muy graves, en los que el proceso penal civil haya declarado al clérigo culpable de abuso sexual de menores, o cuando las pruebas son abrumadoras”, el Dicasterio puede llevar la denuncia directamente al Papa y pedirle que expulse al clérigo acusado.
La normativa del Vaticano también contempla la posibilidad de que sea el propio sacerdote el que solicite, después de haber reconocido el delito, que se le dispensen sus obligaciones y volver al “estado laical”, que supondría “la pérdida de los derechos, privilegios y condición jurídica de los clérigos”, como se explica en la revista de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra.
Las sentencias penales de un tribunal eclesiástico “solo tienen eficacia en el ámbito de la Iglesia”.
Por lo general, la Iglesia “juzga con derecho propio y exclusivo” las causas relacionadas con “cosas espirituales”, “la violación de las leyes eclesiásticas y todo aquello que contenga razón de pecado”, según el Código de Derecho Canónico.
Además, el Vaticano tiene la obligación de “cooperar” y seguir siempre “las prescripciones de las leyes civiles” a la hora de “remitir los delitos a las legítimas autoridades”, como estableció ya en 2011 el Dicasterio en su carta vaticana sobre casos de abuso sexual de menores.
Justicia penal de Bolivia
Tiene por objeto procurar la gestión pacífica de la conflictividad en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes, establecer las bases de la responsabilidad penal y definir las infracciones penales y sus sanciones con enfoque restaurador, y regular los procedimientos para la investigación, el juzgamiento y la determinación de la sanción o medida de seguridad ante las infracciones penales, así como los mecanismos procesales alternativos de solución pacífica del conflicto.
Además garantiza que las víctimas accedan a sanciones reparatorias, las cuales pueden ser económicas, reparación del daño ocasionado y otros.
“Lo primero que se quiere, para reparar el daño a las víctimas, es iniciar unos procesos judiciales para que se siente precedentes y para que también se pueda dar justicia a todos (víctimas), y posteriormente hacer la reparación que corresponda”, dijo el Viceministro de Seguridad Ciudadana.
Acciones del Estado
Al conocerse estos casos de pederastia, el Gobierno —a través de la Procuraduría General del Estado— denunció estos hechos y solicitó a la Fiscalía de España enviar las pesquisas que se iniciaron en contra de Pedrajas, mientras que al periódico El País le pidió una copia del diario del fallecido sacerdote para conocerlo a profundidad y para que sea parte del proceso de indagación.
Ríos destacó las acciones que el Gobierno tomó luego de conocer los casos —aparte de condenarlos—, como elaborar un proyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes.
Resaltó también la carta enviada por el presidente Luis Arce al papa Francisco para hacerle conocer los hechos que ocurren por pederastia y pedirle que la justicia boliviana pueda acceder a los archivos e informes que implican a los curas denunciados; además de comunicarle que Bolivia se reservará el derecho de admisión de nuevos sacerdotes extranjeros, en tanto se elabore un nuevo acuerdo de relacionamiento con la Santa Sede.
Comisiones de la iglesia
La Iglesia Católica determinó ayer crear la Comisión Nacional de Escucha y la Comisión Nacional de Investigación, las cuales se encargarán de determinar responsabilidades y visibilizar los casos de abuso sexual que implican a algunos sacerdotes.
También reconoció que causaron mucho dolor a víctimas inocentes y que no supieron manejar la situación para evitar más niños, niñas y jóvenes afectados por los abusos sexuales de algunos de sus miembros.
Víctimas y exalumnos del colegio Juan XXIII rechazan investigaciones del enviado del Papa
El sacerdote Jordi Bartomeu, conocido como el Agente 007 del Vaticano, llegó a Bolivia para investigar los casos de pederastia, delito en el que incurrieron algunos sacerdotes.
Al enterarse de su arribo, los exalumnos del colegio Juan XXIII emitieron un pronunciamiento en el que rechazan la labor que realizará y denunciaron que revictimizará a las personas que sufrieron los abusos.
“Nos preocupa que una institución (Iglesia Católica) que es investigada por posible comisión de delitos con grado de encubrimiento y complicidad se reúna con las víctimas, lo cual rechazamos de manera categórica”, se lee en el pronunciamiento del directorio de la Asociación Nacional de Antiguos Alumnos del Colegio Juan XXIII.
El 30 de abril, un reportaje del periódico español El País develó el diario personal del sacerdote Alfonso Pedrajas, más conocido como el padre ‘Pica’, quien confesó por escrito que abusó a 85 menores, la mayoría estudiantes del internado Juan XXIII de Cochabamba.
Ante esta situación, los exalumnos remarcaron que “la investigación de carácter penal por casos de abuso sexual, no solo involucran al jesuita ya fallecido Alfonso Pedrajas, sino también a otros con múltiples víctimas a escala nacional”, por tanto, cuestionaron que la Iglesia quiera investigarse “a sí misma”.
En esa línea, reprocharon que “el derecho canónico que rige en el Estado Vaticano no haya sancionado hasta ahora a ningún clérigo por la comisión de delitos; al contrario, los casos emblemáticos en la región han demostrado una estructura de encubrimiento que ha conducido a la impunidad”.
Recordaron que, en su momento, las víctimas y sobrevivientes de pederastia clerical de Chile denunciaron que en 2018 una Comisión Papal compuesta por los obispos Charles Scicluna y Jordi Bartomeu “fue solo un mecanismo de revictimización y de impunidad”.
Por tanto, consideran que el enviado del Sumo Pontífice a Bolivia “pretende repetir el caso chileno, sin resultados y con mayor revictimización”.
“Como Asociación que agrupa a gran parte de las víctimas en el caso de los jesuitas españoles Alfonso Pedrajas, Francesc Peris, Francisco Pifané y el boliviano Carlos Villamil Olea, rechazamos cualquier Comisión Papal que intente soslayar la gravedad de estos delitos, por encima de la dignidad de las víctimas”, señala el documento.
Agente del Vaticano no encaró ningún proceso de justicia en Chile
El vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, Helmut Kramer, denunció que el agente del Vaticano, monseñor Jordi Bartomeu, no encaró ningún proceso de justicia en Chile, más al contrario se llevó toda documentación para encubrir los casos de abuso cometidos por sacerdotes.
Bartomeu, conocido como el Agente 007 del Vaticano y hombre cercano al papa Francisco, llegó a Bolivia para investigar las denuncias de pederastia cometida por sacerdotes con niños y adolescentes, las cuales conmocionaron en los últimos días al país.
Bartomeu llegó desde Paraguay, donde investigó el caso de supuesto abuso sexual a una alumna de la Universidad Católica, Belén Whittingslow, por el docente Cristian Kriskovich.
En 2018, el Sumo Pontífice designó a Bertomeu para que indague casos de abuso sexual cometidos en Chile.
“No encaró ningún proceso de justicia en Chile, al contrario, hizo lo que tenía que hacer, encubrir los casos de abusos sexual cometidos por el clérigo”, denunció al respecto Kramer en contacto con Bolivia TV.
De acuerdo con Kramer, la comitiva del Vaticano se llevó toda la documentación, todos los relatos y no entregó “nada” a la justicia chilena.
“Toda esa información la tienen almacenada en Roma, en el Vaticano”, aseguró.
Denunció que a cinco años de su visita a Chile, no se tiene “absolutamente” ninguna información o algún proceso en curso, y lo poco que se avanzó es en algunos casos puntuales, “peleando directamente con las órdenes religiosas”.
“En Chile se tiene una separación clara entre la Iglesia y el Estado, las capas de poder de la Iglesia en Chile son fuertes. Bartomeu opera la justicia del Vaticano, la justicia canónica”, indicó.
Kramer afirmó que seguirán saliendo a la luz casos de abuso por parte de religiosos, “porque fue una forma histórica que ha tenido la Iglesia Católica de moverse en el mundo, donde ha tenido sacerdotes y monjas abusadoras”.
