Prevendrán los feminicidios y violaciones
La Paz, 25 de junio de 2023 (AEP).- El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, indicó que los beneficios del uso de manillas o tobilleras electrónicas se reflejan en la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios del país y en prevenir hechos de violencia.
El 19 de junio, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó el proyecto de ley ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Destacó que con esta nueva norma se reducirán los feminicidios, violaciones y el hacinamiento en las cárceles del país.
“Se han dado ya experiencias en otros países como Colombia, por ejemplo, donde se utiliza casa por cárcel. Es una alternativa antes de mandar al investigado a un centro penitenciario, donde los presos se hacinan y es un poco más el gasto”, dijo la autoridad.
Indicó que es preferible mandar a los investigados y sentenciados a sus casas, ya que de esa manera bajo esos dispositivos se garantiza la presencia física del privado de libertad con detención domiciliaria.
El director de Régimen Penitenciario indicó que en los centros de detención hay 26.200 privados de libertar en toda Bolivia, de los cuales 17.000 tienen detención preventiva, es decir en una situación legal incierta.
“Muchas de esas personas podrán optar casa por cárcel bajo el uso de estos dispositivos, pero también tenemos privados de libertad con detención domiciliaria con escoltas. Nuestro Ministro (Eduardo Del Castillo) decía recuperar a esos policías que están escoltando en los domicilios”, recordó.
Agregó que con estos dispositivos los policías que están bajo este denominativo de escoltas en detenciones domiciliarias pueden ir a las calles a mejorar la seguridad o tenerlos como recursos humanos en los centros penitenciarios.
También indicó que hay mucha gente que está en centros penitenciarios por “delitos bajos”, como algunos los llaman bagatelas, que están por cosas simples.
“Serán aquellas personas que podrán optar por este tipo de dispositivo para que puedan defenderse en libertad de alguna manera, pero garantizar también su presencia física porque eso es lo que pretendemos con esta medida, que se garantice la presencia física de ese privado de libertad, para que pueda asistir a su proceso judicial”, dijo la autoridad.
El ministro Eduardo Del Castillo ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Foto: Min de Gobierno
Evitar feminicidios
El 19 de junio, el Ministro de Gobierno propuso el uso de manillas y tobilleras electrónicas con el objetivo de reducir los feminicidios y violaciones en el país.
“Es una propuesta normativa innovadora para nuestro país, que busca utilizar los dispositivos electrónicos dentro del territorio nacional con dos finalidades. La primera y primordial, como establece el parágrafo segundo del artículo 16 de este cuerpo normativo, es que aquella mujer que sienta que su vida corre peligro, corre riesgo y tiene conocimiento de que a su alrededor existe un probable feminicida, un potencial violador, va a poder acudir a las instancias correspondientes y a esa persona se le va a dotar de un dispositivo electrónico para que no se acerque a la víctima”, declaró el ministro Eduardo Del Castillo.
Al respecto, Limpias indicó que estos delitos de feminicidio o tipos de violencia se pueden dar cuando en el hogar hay algún tipo de violencia y la víctima al denunciarla puede pedir una orden de alejamiento físico para evitar que el agresor se acerque.
“Se va a rayar un espacio donde él pueda movilizarse, pero no puede acercarse a la víctima. Entonces creo que son temas muy importantes que se van a resolver con estos dispositivos”, resaltó.
También explicó que estos dispositivos electrónicos son controlados por un software que monitorea y tiene todas las alertas necesarias para que los encargados de estos dispositivos acudan inmediatamente cuando se intente forzarlos.
El Ministro de Gobierno en una anterior oportunidad informó que ya hay 500 dispositivos para empezar a ejecutar la vigilancia electrónica de detenidos preventivos a partir de la aprobación de la futura ley de uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia que se tramita en el Legislativo.
Argumento
En la exposición de motivos de la propuesta legal se señala que hasta enero de 2023 las personas privadas de libertad, entre recluidas sin determinación de culpabilidad o inocencia en detención preventiva o sentenciada, alcanzan aproximadamente a 24.913, de las cuales 8.553 (34,33%) cuentan con sentencia y 16.360 (65,67%) son detenidos preventivos.
Conforme a los datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, los privados de libertad están distribuidos de la siguiente forma: Santa Cruz con 3.548 sentenciados y 5.085 detenidos preventivos; en La Paz 1.156 sentenciados y 4.192 detenidos preventivos; y en Cochabamba 731 sentenciados y 2.773 detenidos preventivos.
Tarija está con 799 sentenciados y 754 detenidos preventivos; Beni, 435 sentenciados y 671 detenidos preventivos; Oruro, 698 sentenciados y 815 detenidos preventivos; Potosí, 391 sentenciados y 794 detenidos preventivos; Chuquisaca, 469 sentenciados y 475 detenidos preventivos; y Pando, 326 sentenciados y 201 detenidos preventivos.
La mayoría de los detenidos preventivos están en esa situación por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente: 3.691; le siguen robo y robo agravado con 3.319; violación 2.237; abuso sexual 2.055; delitos con menor frecuencia (homicidio y lesión grave y gravísima, en accidente de tránsito, abigeato, tentativa de asesinato, tentativa de robo, hurto) 1.839.
“Muchas de esas personas podrán optar por casa por cárcel bajo el uso de estos dispositivos, pero también tenemos privados de libertad con detención domiciliaria con escoltas. Nuestro Ministro (Eduardo Del Castillo) decía recuperar a esos policías que están escoltando en los domicilios”. Juan Carlos Limpias, Director de Régimen Penitenciario.
Los delitos que no prescriben no pueden favorecerse
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que los delitos que no prescriben por la Constitución Política del Estado, en su artículo 112, no pueden beneficiarse con el uso de la manilla o tobillera electrónica que se quiere implementar en el país.
“Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado no prescriben, es decir no pueden ser beneficiados con esto”, dijo la autoridad en una entrevista.
Según la Constitución Política del Estado, en su capítulo primero, Garantías Jurisdiccionales, artículo 112, “Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, de crímenes de guerra y los delitos contra el medio ambiente son imprescriptibles”.
Además las personas que estén recluidas por hechos relacionados a feminicidio, infanticidio, parricidio, violaciones, trata y tráfico de personas, y ciudadanos que estén relacionados a la Ley 1008 (del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas) tampoco podrán beneficiarse del uso de estas tobilleras.
“Decían que los narcotraficantes van a salir. De ninguna manera ellos serán beneficiados. Por otro lado, también están los delitos de legitimación de ganancias, financiamiento del terrorismo y terrorismo, y finalmente tenemos los delitos de portación y uso de armas”, agregó la autoridad al respecto.
Legisladores de oposición cuestionaron el uso de estos aparatos electrónicos, estiman que se dejaría libres a personas que estén involucradas en hechos imprescriptibles, razón por la cual el viceministro les pidió que lean el argumentario y varias de las normas que se encuentran en el documento.
La Comisión de Constitución de Diputados aprobó el martes el proyecto de Ley 358 de Dispositivos Electrónicos de Vigilancia. El proyecto de ley será tratado por el pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana.
“No podrán beneficiarse los delitos de legitimación de ganancias, financiamiento al terrorismo y terrorismo”. Roberto Ríos, Viceministro de Seguridad Ciudadana.
