La primera sentenciada es la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga a cuatro años de cárcel debido al delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, informó que 18 exministros del gobierno de facto de Jeanine Añez enfrentan procesos por corrupción.
Se trata de delitos cometidos —explicó la autoridad a la estatal Bolivia TV— entre el 12 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020, tiempo en que gobernó el país la exsenadora autoproclama presidenta.
Ríos señaló que los delitos que se les imputan en el ejercicio de sus funciones guardan relación con designaciones ilegales, legitimación de ganancias ilícitas y, entre otros, compras irregulares.
“Todos los casos están con el debido proceso, con una base investigativa importante en la que se recolectaron pruebas contundentes”, detalló.
De acuerdo con la viceministra, la investigación abordó los perfiles patrimoniales de cada uno de los exministros.
“Somos objetivos en el momento de iniciar el proceso y demostrar los hechos que se les imputan”, aseguró.
Lizárraga
La primera exfuncionaria de alto perfil del régimen de Añez sentenciada fue quien ocupó la titularidad del Ministerio de Comunicación, Roxana Lizárraga.
El proceso, dijo Ríos, emergió de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que halló movimientos irregulares de “montos importantes” mientras ocupaba esa cartera de Estado.
Lizárraga —sentenciada a cuatro años de cárcel por el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado— movió de sus cuentas más de Bs 247.000, señala el dictamen judicial.
La Fiscalía inició la investigación contra Lizárraga luego de conocer el informe de la UIF, que evidenció movimientos financieros irregulares.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó en su momento que se registraron 182 movimientos de depósitos que suman Bs 247.072.
Ríos explicó que en el proceso Lizárraga “no ha podido probar la licitud” de las operaciones financieras.
Roxana Lizárraga es prófuga de la justicia boliviana y obtuvo asilo político en Estados Unidos, donde reside.
Ejerció la función de ministra desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020.
Murillo
Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Añez, también fue condenado, pero en la justicia de Estados Unidos.
Murillo fue sentenciado en enero de 2023 a cinco años y ocho meses de cárcel por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, proveniente del millonario sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019.
Fue aprehendido en mayo de 2021 en Estados Unidos. Es el preso número 02358-506 en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida. Se declaró culpable, como el resto de sus cómplices, Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado $us 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al gobierno de facto.
El hombre fuerte de Añez adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones y un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Añez, condenada a 10 años por el caso Golpe de Estado II, utilizó los equipos para reprimir las protestas ciudadanas en su contra.
La Paz/AEP
