El procurador César Siles destacó 17 sentencias a favor de Bolivia.
En diez meses de gestión, la Procuraduría General del Estado (PGE) ha logrado evitar un daño económico de Bs 1.000 millones, gracias a la resolución favorable de 17 sentencias a favor de Bolivia.
Así lo confirmó este lunes el procurador general del Estado, César Siles, luego de destacar el papel constitucional y legal de la Procuraduría General del Estado en la defensa de los intereses y el patrimonio del Estado, en conformidad con las leyes 064 y 768.
“Se han conseguido resultados favorables. En materia contenciosa son 13 casos; en materia civil en tres casos; en materia de reparación de daños que también es civil, aunque en medio de un proceso penal, un caso; son 17 sentencias (…). Hemos evitado que se consuma un daño al Estado de mil millones de bolivianos”, dijo en conferencia de prensa.
Explicó que la Procuraduría tiene la facultad de intervenir en procesos civiles, coactivos, fiscales, contenciosos y contenciosos administrativos, actuando como sujeto procesal de pleno derecho. Este rol ha sido ampliado gracias a un amparo constitucional, permitiéndole defender al Estado no solo como veedor, sino como parte integral en los procesos judiciales, enfatizó.
Resultados
En los últimos 10 meses, la Procuraduría ha intervenido en 319 procesos judiciales a nivel nacional. De estos, 222 son procesos penales y el resto abarcan áreas civiles, coactivas fiscales, contenciosas administrativas y tributarias, detalló Siles.
Entre los 17 casos resueltos favorablemente, indicó que se destacan:
Asociación Accidental Palo Santo: La intervención de la Procuraduría evitó el pago de más de Bs 62 millones por parte de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos.
Empresa Convisa: contra el Ministerio de Obras Públicas; la Procuraduría logró revertir una sentencia inicial de más de Bs 45 millones.
Caso de los Misiles Chinos: la sentencia final ordenó la reparación civil de más de Bs 41 millones a favor del Estado boliviano.
Impacto económico
Siles destacó que los casos resultados han permitido evitar que el Estado pague fuertes indemnizaciones, recuperando así recursos. En ese sentido, enfatizó que la labor de la Procuraduría es crucial para estabilizar las finanzas del país, especialmente en el contexto de la recuperación postpandemia.
Próximos pasos
El Procurador también mencionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido llevar un caso específico a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto dijo que se continuará defendiendo los intereses del Estado en esta nueva fase contenciosa, que se espera dure entre dos y tres años.
La Paz/AEP - Digital
