El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, reveló que las estadísticas de fallecidos por el coronavirus, entre marzo y noviembre de 2020, fueron mayores a las que reportó oficialmente el régimen de Añez.
La Paz, 01 de agosto de 2023 (AEP).- Cadáveres en domicilios, calles y avenidas, plazas públicas, vehículos y afuera de los centros de salud. Cientos de entierros en cementerios clandestinos en todas las ciudades del país. Esa fue la situación que Bolivia vivió en la primera ola del Covid-19, durante el régimen de Jeanine Añez.
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, reveló que las estadísticas de fallecidos por el coronavirus, entre marzo y noviembre de 2020, fueron mayores a las que reportó oficialmente el régimen de Añez.
“Las estadísticas que tenemos de personas fallecidas por el Covid-19 son mayores a las que ha manejado la dictadura para tratar de mimetizar y minimizar la muerte de bolivianos, en gran medida por falta de respiradores o de ventiladores que nunca se han usado, que no han servido y que ha sido un negociado asqueroso que ocasionó la muerte de miles de personas”, afirmó Chávez durante la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2023 de la Procuraduría General del Estado que se cumplió en mayo, en El Alto.
Chávez sospecha que la compra de respiradores inservibles y con sobreprecio para los pacientes Covid —que murieron por falta de esos equipos—, obligó al régimen de Añez a rebajar la cifra real de fallecidos.
The New York Times
En 2020, el influyente The New York Times, rotativo estadounidense de alcance y prestigio global, denunciaba: “El gobierno de transición de Jeanine Añez —que culpó a Evo Morales de un mal manejo del sistema de salud en sus 14 años en el poder— enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”.
En la administración de facto de Añez el sistema de salud fue desbordado en la amplia geografía nacional durante los meses más difíciles de la pandemia de Covid-19.
Conseguir una cama en un centro de salud o acceder a una unidad de terapia intensiva fue casi imposible en algunas regiones de Bolivia, abatida social y políticamente tras la crisis que obligó en noviembre de 2019 al entonces presidente Evo Morales a dimitir al cargo.
20 mil muertos
El aumento de los decesos —entre junio y septiembre de 2020— colapsó los hospitales bolivianos y obligó a las autoridades municipales a ampliar sus crematorios y abrir nuevos cementerios.
La Policía recogió cadáveres en domicilios, calles y avenidas, plazas públicas, vehículos y en alrededores de los centros de salud.
En la mayoría de los casos, las personas fallecieron luego de peregrinar por varios hospitales y no poder internarse.
En un balance de abril a septiembre, la fuerza pública —encargada de atender fallecimientos extrahospitalarios— informó que entre el 85% y 90% de los “cuerpos recogidos eran con probabilidad sospechosos del nuevo coronavirus”.
Cerca de 9.000 muertos oficiales contabilizó el gobierno de Añez. Sin embargo, la cifra, con los subregistros, que agregaba los casos extrahospitalarios, rondaba los 20 mil.
La cifra de 20 mil muertos la señalaron puntualmente organizaciones no gubernamentales y funcionarios de Registro Civil a medios de prensa de La Paz y Cochabamba, ya en septiembre de 2020.
