Derechos Humanos mediante informe hizo recomendaciones, entre ellas iniciar una investigación judicial. El caso se produjo el 16 de abril de 2009.
La Paz, 16 de abril de 2024 (AEP). – El procurador general del Estado, César Siles, dijo ayer que se espera un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las solicitudes de la Procuraduría acerca del caso del hotel Las Américas, un hecho ocurrido el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra.
“Si acepta nuestra solicitud o considere que son razonables el grado de cumplimiento de las recomendaciones, habrá un tiempo que el caso permanezca en la Comisión Interamericana, pero también existe la posibilidad que se considere que no son razonables las solicitudes que estamos haciendo”, dijo Siles.
Explicó que, en esta fase de cumplimiento de recomendación de informes de fondo, no aplica una conciliación, una solución amistosa, sino lo que el Estado boliviano puede proponer como una forma de cumplimiento en las recomendaciones. Esta propuesta de cumplimiento puede o no ser aceptada por la CIDH como por las víctimas o peticionarios.
La CIDH notificó al Estado boliviano, a través del Informe 394/21, en el que hace recomendaciones sobre el caso del hotel Las Américas, entre ellas iniciar una investigación judicial por la muerte de Michael Dwyer y las presuntas torturas a Mario Tadic, Elod Toaso, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, en contra de los responsables de la violación de los derechos humanos
El caso se produjo el 16 de abril de 2009, cuando gobernaba Evo Morales Ayma.
Además de Dwyer, perdieron la vida Eduardo Rózsa Flores y Árpád Magyarosi.
La CIDH, en cinco oportunidades, amplió el plazo para seguir con el cumplimiento de las recomendaciones. Éste venció el 11 de abril y el 26 de abril la CIDH decidirá si otorga una nueva ampliación o somete el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público en Santa Cruz conformó una comisión de fiscales para investigar si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el operativo policial.
El caso inicialmente fue rechazado, pero se decidió por su reactivación, afirmó la fiscal especializada en delitos contra la vida, Elizabeth Viveros.