Se busca esclarecer la participación de estas personas en la organización y promoción de bloqueos violentos desde el 14 de octubre.
La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó formalmente al Ministerio Público la ampliación de las investigaciones contra el exministro Juan Ramón Quintana y los dirigentes evistas Humberto Claros y Ponciano Santos por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
De acuerdo con el comunicado oficial de la PGE, se busca esclarecer la participación en la organización y promoción de bloqueos violentos que, desde el 14 de octubre, han causado serias afectaciones económicas y sociales en Bolivia.
“La Procuraduría General del Estado ha solicitado la ampliación de las investigaciones dentro del Caso CUD 309202172400401, debido a antecedentes que indican una organización de bloqueos violentos y acciones de amedrentamiento contra la población y el orden público”, señala la institución en su pronunciamiento.
LOS BLOQUEOS
Desde mediados de octubre, grupos afines a Evo Morales iniciaron un bloqueo indefinido de carreteras que mantiene al departamento de Cochabamba virtualmente incomunicado con el resto del país, lo que ha generado pérdidas millonarias y desencadenado incidentes de violencia hacia ciudadanos, periodistas y efectivos de la Policía y el Ejército.
La Procuraduría subraya que los bloqueos han tenido un impacto negativo en la economía, vulnerando los derechos humanos y el orden institucional. Por ello, reitera su solicitud de órdenes de aprehensión contra Quintana, Claros y Santos para asegurar que respondan ante la justicia por estos hechos.
LA DECLARACIÓN
En una declaración de alto impacto, el exministro Quintana defendió las acciones en una entrevista en Abya Yala y afirmó que “el rito del bloqueo se alimenta a través de la sangre”, una expresión que provocó controversia al interpretar la violencia como parte de la resistencia.
Esta declaración ha sido tomada como un incentivo directo a la violencia, situación que se agrava con registros de video capturados el 22 de octubre, donde se descubrió a bloqueadores armados con escopetas y personas que incitaban a agredir a la Policía durante el desbloqueo en el puente Ichilo-Bulo Bulo.
El pedido de la Procuraduría incluye la detención preventiva de los acusados mientras avanza la investigación, basándose en nuevos informes del 4 de noviembre que refuerzan la teoría de un plan organizado para desestabilizar el orden público.
La Paz/AEP
