Este esfuerzo forma parte del acuerdo firmado el 21 de agosto de 2022 entre el Gobierno y los representantes de las víctimas de los regímenes de facto.
El Ministerio de la Presidencia está gestionando 853 solicitudes de resarcimiento para víctimas de violencia política durante los gobiernos inconstitucionales de la etapa comprendida entre 1964 y 1982, según informó el Ministerio de Justicia.
Este proceso se enmarca en la Ley 1446, promulgada el 25 de julio de 2022, que autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asignar más de Bs 99 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) para cubrir el 80% de la deuda pendiente con las víctimas calificadas, conforme a la Ley 2640 de 11 de marzo de 2004.
Ministerio de justicia
Desde el 15 de diciembre de 2022, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha recibido y remitido estas 853 solicitudes al Ministerio de la Presidencia para su evaluación y posterior pago, en coordinación con la cartera de Economía.
Este esfuerzo forma parte del acuerdo firmado el 21 de agosto de 2022 entre el Gobierno nacional y los representantes de las víctimas de los regímenes de facto.
Como parte de dicho acuerdo, el Ministerio de Justicia promovió la promulgación de la Ley 1568, que permite la revisión de casos previamente rechazados o desestimados durante el proceso de calificación estipulado en la Ley 2640.
En total, 6.177 personas participaron en este proceso, de las cuales 1.714 fueron calificadas positivamente, mientras que 4.463 solicitudes fueron desestimadas.
Desde la promulgación de la ley, el 4 de julio de 2024, el Ministerio de Justicia ha recibido 102 solicitudes de revisión extraordinaria, con plazo hasta el 30 de agosto.
Se ha convocado a las víctimas a través de diversos medios, incluyendo notas dirigidas a colectivos y anuncios en radios como las RPO y Erbol. Además, las oficinas del Sijplu y el Sepdavi a nivel nacional, junto con el Ministerio de Justicia en La Paz, están habilitadas para recibir las solicitudes.
En paralelo, el Gobierno está trabajando para garantizar la atención médica a las víctimas, en un convenio firmado entre el Sepdavi y el Ministerio de Salud y Deportes.
La Paz/AEP
