César Siles indicó que la sentencia penal le permitirá a la Procuraduría iniciar acciones de reparación civil contra las exautoridades implicadas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está a punto de dictar sentencia en el caso Petrocontratos, en el que están involucradas cuatro exautoridades acusadas de firmar contratos petroleros sin la autorización del Órgano Legislativo, entre 1993 y 2005.
Se espera que la sentencia sea emitida esta semana o la próxima, según informó el procurador general del Estado, César Siles.
El caso, que fue abierto en 2005, se centra en las gestiones de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Tuto Quiroga y otros funcionarios. Sin embargo, Quiroga fue excluido del proceso en 2018 luego de recibir una amnistía del entonces presidente Evo Morales.
“El Tribunal Supremo de Justicia convocó a juicio en 2015, pero recién este lunes se pudo iniciar formalmente con la presentación de pruebas documentales y la resolución de objeciones o exclusiones probatorias”, explicó Siles.
Una vez concluya esta fase, el juicio avanzará hacia la etapa testifical y la presentación de pruebas de la defensa, antes de proceder a los alegatos finales y la sentencia.
Las investigaciones revelaron que ninguno de los 106 contratos petroleros fue supervisado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ni por el Congreso Nacional de la época. De estos, 52 fueron firmados durante la primera gestión de Sánchez de Lozada (1993-1997), 49 bajo el gobierno de Hugo Banzer (1997-2001), cuatro durante la gestión de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en el mandato de Carlos Mesa.
Sánchez de Lozada, junto con sus exministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar, se encuentra fuera de Bolivia y enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con la firma de contratos con 21 empresas transnacionales sin la autorización legislativa, como lo exigían las normas.
De acuerdo con Siles, los procesados en rebeldía podrían recibir sentencias de hasta 10 años de prisión. Además consideró que una condena en este caso podría facilitar la extradición de Sánchez de Lozada, quien reside en Estados Unidos desde 2003 luego de huir por la masacre de octubre de ese año, en la que murieron más de 60 personas y cientos resultaron heridas.
La Paz/AEP
