La Ley 348 establece responsabilidades y un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones del Estado con responsabilidad en la lucha contra la violencia.
Oruro, 31 de mayo de 2024.- La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, instó este viernes a los gobiernos departamentales articular esfuerzos con las alcaldías para luchar contra la violencia de género en Bolivia, porque en más de 10 años de la Ley 348 no terminó de consolidarse una coordinación institucional departamental-local en esta materia.
La posición fue planteada en el marco de la articulación entre las instancias del sistema de protección que plantea la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
“Estamos hablando de cómo las instituciones deben dar las condiciones y generar las medidas necesarias para que Oruro sea un departamento libre de violencia”, reflexionó durante su participación en el Encuentro Departamental Oruro "Por una Vida Libre de Violencia".
Para la viceministra, las autoridades de la Gobernación orureña asumirían la rectoría departamental en la lucha contra la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, a través de la formación de redes locales para fortalecer los servicios municipales de atención a víctimas de violencia.
De acuerdo a la evaluación, ningún gobierno departamental logró consolidar, en más de 10 años, la articulación que plantea la Ley 348. Los municipios no tienen una conexión con los gobiernos departamentales en el ámbito de la lucha contra la violencia.
La Ley 348 establece responsabilidades y un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones del Estado con responsabilidad en la lucha contra la violencia, desde los municipios a través de sus servicios, las gobernaciones y el Gobierno nacional.
En el evento se planteó como respuesta avanzar en la conformación de las redes locales para fortalecer los servicios municipales de atención y protección a víctimas de violencia, en la que también participen, de manera coordinada, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Policía Boliviana, como parte del sistema de protección.
Desde el 1 de enero hasta el 29 de mayo, se registraron 35 feminicidios y 18 infanticidios en el país.