Durante el Encuentro Nacional de Entidades de Atención del Sistema Penal para Adolescentes.
La Paz, 6 de mayo de 2024 (AEP-Digital).- El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), en colaboración con centros de reintegración social (CRS), centros de orientación (CO), juzgados públicos de niñez y adolescencia, el Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), ha acordado implementar medidas para brindar una atención integral a los adolescentes involucrados en el sistema penal. Se hará hincapié especialmente en aquellos relacionados con delitos contra la libertad sexual, con el fin de evaluar su grado de peligrosidad o riesgo para la sociedad.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa, informó que durante el Encuentro Nacional de Entidades de Atención del Sistema Penal para Adolescentes, que tuvo lugar el 2 y 3 de mayo, se abordaron varias problemáticas que afectan a esta población. Una de las preocupaciones principales fue el hecho de que el 73% de los adolescentes (siete de cada diez) alojados en los CRS han sido acusados de delitos contra la libertad sexual. En consecuencia, se establecieron acciones concretas para abordar estos casos de manera efectiva.
“Se acordó diseñar un programa de atención a adolescentes vinculados a delitos de violencia sexual para la atención integral que incluya la realización de mecanismos de justicia restaurativa; así como la socialización e implementación del test IGI-J (Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes), para determinar el grado de peligrosidad o nivel de riesgo que tiene el adolescente agresor sexual”, detalló la autoridad.
Precisó que esto permitirá, por ejemplo, que estos adolescentes reciban una atención personalizada e integral en los centros donde se encuentran privados de libertad para que puedan ser rehabilitados y reinsertados a la sociedad.
Durante los dos días se definieron y acordaron al menos 21 medidas para dar respuestas a las problemáticas presentadas por los equipos multidisciplinarios que trabajan en los centros de reintegración social y en los de orientación durante el trabajo técnico; así como las identificadas por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en la intervención que realizó a estos centros el año 2023, cuando se identificó la existencia de un total de 1.420 adolescentes, 642 varones y mujeres en CRS, y 778 en los CO.
Otra de estas problemáticas a las que hizo referencia Cruz, están los casos identificados de adolescentes con discapacidad mental o psíquica privados de libertad en centros del departamento de Potosí, lo que va en contra de lo establecido en el parágrafo VI del artículo 269 de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), que señala que no pueden ser procesados ni declarados penal o civilmente responsables, las o los adolescentes entre 14 y 18 años con discapacidad intelectual psíquica o mental, y que no puedan comprender la antijuricidad de su acción.
Frente a ello, la Viceministra explicó que se definió trabajar en lineamientos para el juzgamiento de adolescentes con discapacidad mental o psíquica en el Sistema Penal para Adolescentes y en una ruta crítica para la atención de la población que ingrese a dicho sistema.
“Se estableció que desde el Órgano Judicial se requiere una valoración de peritos psiquiatras forenses en el IDIF; sin embrago no se cuenta con los mismos, por lo que se sugiere que, a través del Sistema de Registro de Peritos Especializados, que incluye a peritos particulares, se realicen acuerdos para reducir los costos y en algunos casos, pericias gratuitas”, indicó.
También se definieron medidas para los casos de adolescentes en situación de calle que se encuentran privados de libertad, que no cuentan con familia de origen, ampliada u otra persona responsable que se haga cargo para solicitar la cesación de su detención preventiva. Entre las acciones acordadas está la designación de un tutor por autoridad judicial; programas de acogimiento temporal; diseño e implementación de centros de orientación para niñas, niños y adolescentes en situación de calle, y dependientes de drogas y alcohol; así como programas posegreso para brindarles mayores oportunidades cuando salgan de los CRS.
Ante el número reducido de mecanismos de justicia restaurativa; mediaciones, círculos restaurativos y programa de orientación socioeducativa, tomando en cuenta que hasta la gestión 2023, el 20% de los mecanismos son celebrados en los CRS y realizados a través de los programas de orientación socioeducativa; y que sólo tres departamentos: Santa Cruz, Cochabamba y Tarija cuentan con equipos técnicos en justicia restaurativa para la reparación de la víctima; en ese sentido, se desarrollará la capacitación y acreditación de los equipos de los CRS y CO para aplicar dichos mecanismos; además de la asignación de personal e institucionalización del mismo por parte de los gobiernos departamentales para la conformación de equipos de justicia restaurativa.
Por otro lado, en el caso de la población con detención preventiva en los CRS que no realizan actividad educativa o terapéutica ocupacional en comparación a quienes cuentan con sentencia, se crearán lineamientos para el Programa de Orientación Socio Educativa en los casos con detención preventiva; además, se conformará una mesa técnica con el Ministerio de Educación para la asignación de maestros multigrado, y se hará seguimiento y control a los plazos para la cesación de la medida.
Para los casos de adolescentes de provincia privados de libertad en los CRS —que en 2023 sumaban 49 según el diagnóstico del MJTI— se promoverá la asignación de recursos económicos y equipos celulares para la comunicación con sus familias; se activarán mecanismos de coordinación entre el equipo interdisciplinario de los CRS y las defensorías de la niñez en provincia para efectivizar la comunicación familiar.
Finalmente, respecto a las y los adolescentes que cumplan los 18 años, en ejecución de la medida socioeducativa en privación de libertad, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 345 de la Ley 548, los equipos de los CRS elaborarán informes recomendando la permanencia o traslado considerando la conducta positiva y cumplimiento del plan individual de ejecución de medidas. Se coordinará con Régimen Penitenciario para adecuar espacios para la permanencia de estos adolescentes, y las intervenciones del equipo interdisciplinario y su seguimiento a las medidas socioeducativas; además de la creación de centros de reintegración social para jóvenes de entre 18 y 24 años.
