La autoridad de gobierno señaló que hay más ordenes de aprehensión, entre ellas contra el general Tomás Peña y Lillo, quien se encontraría refugiado en el Perú.

El artículo 226 del Código Penal tipifica el agio y la especulación como un delito que tiene una sanción de entre seis meses y tres años de cárcel.

El ministro Novillo mencionó que los demás militares de menor rango que participaron el 26 de junio también están siendo procesados en sus fuerzas.

Con una relativa normalidad y ocho sectores interrumpidos con motorizados y aglomeración de grupos de personas, en la ciudad de La Paz, la medida de presión “no tiene fuerza”.