A pesar de la ampliación, el caso continúa en su fase aún no contenciosa hasta que se logre un acuerdo que satisfaga a la parte demandante.
La orden religiosa emitió el comunicado para reafirmar su voluntad de apoyo y seguimiento de las denuncias ante el Ministerio Público.
Este servicio en su prueba piloto estará en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
La Procuraduría General del Estado continuará liderando las acciones de defensa y representación legal del Estado en este proceso, refiere el comunicado.
La monetización se hace en cumplimiento de la ley y los recursos serán destinados a reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas.
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