El fiscal departamental de La Paz, William Alave, aseguró que en este caso el Ministerio Público demostró la existencia de riesgos procesales.
Se trata de 39 motocicletas, una vagoneta, 25 computadoras de escritorio, 25 computadoras portátiles, 25 impresoras y cinco lotes de repuestos para vehículos policiales.