La medida fue presentada por el Consejo Nacional Cristiano en enero y pretendía suspender la actualización de la malla curricular.
La Ley 263, del 31 de julio de 2012, Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, establece la necesaria toma de medidas para evitar la revictimización de personas sometidas a ese ilícito.








