Según el Procurador general
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, demandó agilizar las investigaciones por el “negociado asqueroso” de los respiradores en 2020. Reveló que las estadísticas de fallecidos por Covid-19 son mayores a las que reportó la “dictadura” de Jeanine Añez.
“Las estadísticas que tenemos de personas fallecidas por el Covid-19 son mayores a las que ha manejado la dictadura para tratar de mimetizar y minimizar la muerte de bolivianos, en gran medida por falta de respiradores o de ventiladores que nunca se han usado, que no han servido y que ha sido un negociado asqueroso, ocasionando la muerte de miles de personas”, afirmó Chávez durante la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2023 de la Procuraduría General del Estado, en El Alto.
En la primera ola, que se extendió del 10 de marzo al 28 de noviembre de 2020, se reportaron 144.592 casos y 9.005 decesos. La tasa de letalidad fue del 6,2%.
Chávez dijo que instruyó que se haga una “investigación más allá” de los ilícitos que se cometieron al comprar los respiradores con sobreprecio, porque “por este negociado asqueroso de los respiradores, tanto españoles como chinos, han muerto miles de bolivianos”.
“Tiene que tener sentencia y hay que apurar la investigación en estos casos”, exigió Chávez.
En medio de la primera ola que trajo sufrimiento al pueblo boliviano, con un confinamiento forzoso, el régimen de Añez autorizó la compra de 500 respiradores, 170 llegaron al país y fueron adquiridos por casi $us 27.000 cada uno, cuando su precio de fábrica era de $us 7.194.
La administración de facto pagó —a uno o varios intermediarios vinculados al propio gobierno en un evidente conflicto de intereses— más de $us 4,7 millones por las 170 máquinas.
En enero de 2022, una comisión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, que investigó el caso Respiradores Españoles, presentó la acusación formal contra ocho personas implicadas en la compra de los ventiladores pulmonares de la marca Respira Device, de origen español.
Entre los acusados figuran exfuncionarios del Ministerio de Salud, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y dos personas más.
