La administración entrante definió como prioridad la reactivación económica con un enfoque social y productivo.
Cuando el presidente Luis Arce asumió el mando del Estado Plurinacional de Bolivia, en noviembre de 2020, la situación del país era crítica. Bolivia registraba una contracción del Producto Interno Bruto del 8,7 %, una caída significativa en el empleo, y una fuerte disminución de la demanda interna como consecuencia de la pandemia del Covid-19. En este escenario, la administración entrante definió como prioridad la reactivación económica con un enfoque social y productivo.
Una de las primeras acciones implementadas fue la entrega del Bono Contra el Hambre, consistente en un pago único de Bs 1.000 a personas sin ingresos estables. Más de cuatro millones de ciudadanos fueron beneficiarios de este apoyo, que permitió dinamizar el consumo interno e inyectar liquidez a sectores vulnerables de la población.
El Gobierno también impulsó el acceso al crédito productivo a través del programa SIBOLIVIA, orientado a unidades productivas del país. Con una tasa de interés preferencial del 0,5 % anual, esta línea de crédito benefició a más de 9.400 micro y pequeñas empresas entre 2021 y 2022, fortaleciendo el aparato productivo y fomentando la industrialización nacional.
Otra medida relevante fue la reprogramación de créditos bancarios para personas y empresas afectadas por la pandemia, sin afectar negativamente la calificación crediticia de los prestatarios. Esta decisión permitió aliviar la presión financiera sobre miles de familias y negocios, y contribuyó a estabilizar el sistema financiero.
A nivel subnacional, el Estado destinó más de Bs 11.000 millones en transferencias a gobernaciones y municipios durante 2022, recursos orientados a inversión pública, infraestructura y generación de empleo local. Esta estrategia buscó una recuperación económica con participación directa de los gobiernos territoriales.
Además de las respuestas inmediatas, el Gobierno delineó una estrategia de mediano y largo plazo que incluyó la industrialización con sustitución de importaciones, el desarrollo de proyectos de biocombustibles, la reactivación de la exploración hidrocarburífera, y el impulso a nuevas herramientas financieras como los sistemas de pago electrónico mediante código QR.
Los efectos de estas políticas se reflejaron en la recuperación del crecimiento económico: 6,1 % en 2021 y 4,1 % en 2022, según datos oficiales. Se registró además una reducción sostenida de la pobreza y se mantuvo la estabilidad de precios.
En conjunto, las medidas implementadas por el Gobierno nacional no solo permitieron enfrentar la emergencia derivada de la pandemia, sino que también marcaron el inicio de una fase de reconstrucción económica basada en el fortalecimiento del mercado interno, la producción nacional y la inversión pública con enfoque territorial.
AEP
