No se afectará a la población con el incremento de precios, afirmó ayer la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
El Ejecutivo nacional no levantará la subvención a los hidrocarburos, pese al fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). No se afectará a la población con el incremento de precios, afirmó ayer la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
La autoridad manifestó que el gobierno del presidente Luis Arce más bien trabaja en la construcción de plantas de biodiésel para reducir las importaciones y garantizar a la población combustible amigable con el medioambiente.
“Nosotros no vamos a levantar la subvención porque significaría un incremento de precios y afectaría a nuestra población. Lo que estamos haciendo es la implementación de plantas de biodiésel. Este año estamos entregando la primera, que significará una reducción de 100 millones de dólares año”, dijo.
Remarcó que, a pesar del boicot externo e interno, Bolivia tiene estabilidad económica y avanza en el proceso de industrialización. Recordó que el país tiene una inflación acumulada del 0,8%, la más baja de la región y la cuarta en el mundo.
“En este contexto adverso, en este contexto pospandemia, y a pesar del boicot interno y externo hacia nuestra economía, nosotros tenemos mejores indicadores y los vamos a seguir consolidando”, aseveró.
Alcón también señaló que la falta de divisas solo representó un periodo que se está superando de a poco y lo que prevalece son los indicadores favorables para la reactivación de la economía social y productiva.
La viceministra resaltó que este mes se entregará la primera planta de carbonato de litio, dijo que Bolivia cuenta con el reservorio más grande del metal blanco con 23 millones de toneladas y destacó que se harán nuevos proyectos de exploración hidrocarburífera en el territorio.
Recordó que se construye otra planta de biodiésel en Santa Cruz y la HVO “una planta grande” para la reducción en 70% de la importación de carburantes y el consecuente ahorro de divisas.
Alcón instó a dejar de lado las diferencias políticas partidarias para avanzar en la reactivación económica y atender las necesidades de la población.
