La entidad afirmó que demuestra en los hechos que se resguardan los recursos de los jubilados y que su gestión se encuentra en el marco de la normativa nacional.
La Paz, 07 de abril de 2023 (AEP).- La Gestora Pública desbarató, con argumentos respaldados en la normativa nacional y logros de gestión, los cuestionamientos de siete sectores que se oponen a que administre el Sistema Integrado de Pensiones. La entidad se hará cargo del SIP de forma total desde mayo.
La postura fue hecha pública ante la crítica y demandas de al menos siete sectores que creen que el Estado es un mal administrador; además, se declararon en pie de protesta porque no están informados.
“Estamos demostrando en los hechos que cuidamos los recursos de los jubilados, que los hacemos crecer y ratificamos nuestro compromiso de que estos recursos únicamente van a ser utilizados para ser invertidos, para que puedan crecer y de esa manera permitir el financiamiento de las pensiones a futuro, para que puedan ser dignas, más altas y de esa manera la gente pueda vivir bien”, manifestó el gerente de la institución, Jaime Durán.
Sectores como el magisterio, los médicos, jubilados, trabajadores en salud, militares y policías en servicio pasivo, trabajadores universitarios y docentes, además de gremiales, se mostraron críticos a la vigencia de la Gestora.
Entre sus principales cuestionamientos y demandas figuran la objeción a la nueva administración; el pedido de un referendo para determinar si la población está de acuerdo con que la entidad estatal administre sus aportes; la abrogación de la Ley 065 por un posible desvío de recursos a otros fines; la participación social en el directorio de la entidad y que los recursos sean administrados por una institución privada.
En esa línea, Durán señaló, en su momento, que la Gestora fue muy clara en todo lo que se relaciona al marco normativo que implica el manejo de la entidad.
Se estableció que el referendo es una propuesta que contradice la Constitución Política del Estado y la Ley 026 de Régimen Electoral del 30 de junio de 2010. El artículo 14 de la Ley 026 establece que no podrá someterse a referendo, entre otros, las competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas establecidas en la Carta Magna para el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, como es el caso de la administración de las pensiones.
Sobre el presunto desvío de los recursos para otros fines, se indica que el artículo 6 de la Ley 065 (Patrimonio autónomo y administración) establece que “cada uno de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones se constituye como un patrimonio autónomo y diverso del patrimonio de la entidad que los administra, son indivisos, imprescriptibles e inafectables por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie y sólo pueden disponerse de conformidad a la presente Ley”.
Los fondos del Sistema Integral de Pensiones serán administrados y representados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
En el tema de la administración estatal, se expone que el numeral 16 del parágrafo II del artículo 298 de la CPE señala que es competencia exclusiva del nivel central del Estado el “Régimen de Seguridad Social”.
De acuerdo con la Carta Fundamental, Art. 45 II, la dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; y Art. 45 VI, los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados.
Acerca de la abrogación de la Ley 065, se especifica que esto no podría ejecutarse porque se estaría suspendiendo la generación de recursos para el Fondo Solidario, que estipula dicha norma, y los jubilados sólo recibirían un mínimo en sus rentas.
En torno a la capacidad de su administración, se muestra que la Gestora alcanzó Bs 25,7 millones en utilidades, sumadas entre 2021 y 2022; y logró un patrimonio de Bs 38,4 millones, con lo que respalda su solidez.
Respecto al tema del control social en el directorio, se aclaró que cualquier sector puede postular un representante para ser parte del mismo y tener presencia en la fiscalización de la entidad.
Así también, en lo que se refiere a la transparencia de información, se aclaró que la Gestora habilitó 33 oficinas para atender a los jubilados, además que brinda información en sus plataformas ante cualquier consulta.
