Se pretende evitar las actividades ilícitas, como la reventa de carburantes.
La Paz, 20 de febrero de 2024 (AEP).- El Ministerio de Hidrocarburos y Energías y la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) se reunieron ayer en la capital oriental y acordaron incorporar el control social para combatir el desvío de combustibles hacia actividades ilícitas. Este proceso contará con la participación activa de las autoridades municipales del departamento.
“Los bloqueos generaron desfases en la logística de distribución de carburantes, pero también hay actividades ilícitas, como la reventa de combustible, desvío al contrabando y al narcotráfico, que están afectando a algunos municipios cruceños”, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, al término de la reunión con las autoridades municipales de Santa Cruz, citado en un boletín institucional.
El Gobierno, a través de YPFB, tiene la misión de proteger los combustibles para que lleguen a los usuarios y que su venta sea fiscalizada por la ANH y otros organismos del Estado, añadió. En ese sentido, fue de común consenso desarrollar controles más estrictos para evitar desabastecimientos con la participación de los municipios del departamento, manifestó.
“Creemos que es importante el control social, donde participen las autoridades de cada región”, agregó la autoridad, quien resaltó la predisposición de los alcaldes para llevar a cabo un trabajo conjunto.
Dijo que se acordaron mesas de trabajo, registros de usuarios, y evaluaciones para solucionar el problema del desvío de combustibles hacia actividades ilícitas, autos indocumentados, narcotráfico y minería legal. Este trabajo ayudará a resolver paulatinamente el problema, añadió.
También se acordó que YPFB lleve combustibles en cisternas móviles a poblaciones alejadas donde no hay estaciones de servicio. Además se abordó evaluar la venta de gasolina y diésel a los bidoneros, lo que también está perjudicando a los productores.
Molina ratificó que las actividades relacionadas con el desvío de combustibles están penadas por ley. La ANH, en coordinación con la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana, tiene a su cargo el control de estos ilícitos, en el marco de lo establecido por los decretos 4910 y 4911. “Pedimos a la población que denuncie este tipo de acciones ilícitas”, expresó.
