El viceministro Jorge Silva explicó a Ahora el Pueblo que la decisión de anular la disposición séptima es sólo atribución de la Asamblea Legislativa.
En exclusiva con Ahora El Pueblo, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que el pedido de anular la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 es inconstitucional. Advirtió de que el anuncio de las medidas de presión en torno a esta demanda tiene fines políticos que persiguen el desgaste de la imagen del presidente Luis Arce en un año electoral.
Se ha generado una resistencia a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025.
—¿Por qué cree usted que los empresarios están rechazando esta disposición?
—Sobre este tema, hay que entender dos escenarios para este problema que ha surgido a raíz de la disposición séptima.
Tenemos un primer escenario que está conformado por actores empresariales, dirigentes gremiales y otros de algunos otros sectores, que no son nuevos en el campo político, en el escenario político, sino que son dirigentes y empresarios políticos que tienen ya una trayectoria recurrente conocida respecto a las políticas que emprende el Gobierno y que han sido actores que permanentemente se oponen a las políticas del Gobierno, entre ellos el Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
Entonces, es necesario entender que muchos de ellos han estado involucrados en el golpe del Estado de Jeanine Añez; en algunos casos, sus propios parientes y, en otros, ellos mismos han sido parte del gobierno de 2019-2020. Por lo tanto, estamos frente a actores políticos empresarios que consideran que este es el momento para dar un golpe al modelo económico y al Gobierno, debido a diferentes factores.
Primero, ellos se conocen y tienen equipos jurídicos a su alrededor, es gente que conoce la norma, pero en este caso particular ellos pretenden generar una confusión a la población y aparecen también como personas que se sentirían víctimas del contenido de la disposición.
Entonces, ellos saben perfectamente que esta disposición de la ley financial no va a afectar al sector del comercio minorista, de los gremialistas y toda la cadena productiva que tenemos en el país.
Sin embargo, quieren aprovechar esta coyuntura política, a siete meses de las elecciones nacionales, para lograr objetivos políticos, como desgastar al Gobierno, que es uno de los principales objetivos, atacar al Presidente, pidiéndole cosas que el Presidente sencillamente no puede atender.
—¿Qué le impide al presidente Arce responder en este tema?
—No es por una falta o capacidad política, sino sencillamente porque no puede.
La Constitución no le permite al Presidente derogar, abrogar, anular, modificar o dejar sin efecto una disposición normativa que viene en una ley.
Ellos le plantean al Presidente algo que constitucionalmente no puede hacerlo, porque no es un decreto supremo, no es una resolución normativa de algún ministerio, es una ley, está dentro de una ley la disposición séptima.
Al pedirle o al plantearle al Presidente que derogue o abrogue o anule, modifique o deje sin efecto, simplemente están pidiendo algo imposible de atender, porque esa es una atribución y competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es la única instancia en el Estado que puede derogar, abrogar, modificar una disposición normativa que está en una ley.
Plantean que no van a ir al diálogo, su postura es que se deroga o se deroga, están pidiendo algo que no se puede hacer, entonces, están pidiendo algo imposible en el contexto y dentro del ordenamiento jurídico que tenemos.
Entonces, esa es su posición, “No vamos al diálogo”, porque la posición es que se derogue, caso contrario dicen: “Nos movilizamos”, y dan un plazo.
—¿Cuál sería la táctica que emplean estos actores?
—Ellos empiezan a convocar a otros actores para hacer un cuerpo mayor.
Entonces, a través del rumor y la mentira, que es una de las tácticas y prácticas que se utilizan en política, empiezan a generar un temor infundado en la población, especialmente en los sectores que tienen un potencial enorme de movilización, que son los gremiales y los comerciantes minoristas, a quienes les dicen que con esta norma ahora el Gobierno va a decomisar su mercadería, sus productos y que por lo tanto va a atentar contra la propiedad privada y va a confiscar, va a decomisar la mercadería y los productos de los comerciantes minoristas.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
—¿Por qué es necesario para ellos conseguir la alianza con estos sectores?
—Porque ellos, por sí solos, no tienen el poder de convocatoria, carecen de una base social que los respalde.
Bajo estas consideraciones, este primer escenario podríamos definir que está promovido por empresarios, productores dirigentes políticos.
—¿Todos estos sectores se opondrían a esta norma?
—En un segundo escenario, tenemos también a actores del sector del comercio minorista, gremialistas, productores artesanos, microempresarios, industriales y exportadores, que han hecho conocer su deseo de participar, es más, han pedido que el Gobierno los convoque al diálogo, porque quieren escuchar la presentación, los alcances, el justificativo del porqué de esta disposición séptima.
Y en ese sentido hemos ido avanzando. Nos hemos reunido con industriales, con empresarios, con gremialistas, con quienes, si bien es cierto no se ha logrado firmar acuerdos, pero sí han mostrado la predisposición de ir avanzando.
Por ejemplo, los comerciantes minoristas, los gremialistas de La Paz y El Alto han planteado un marco de seguridad jurídica, ello requiere que en el reglamento de la disposición séptima se ponga explícitamente que esa disposición no va a alcanzar al comercio minorista y a los gremiales.
Nos parece una propuesta sana, saludable, porque el objeto de la disposición séptima no es pues contra los comerciantes minoristas ni contra el sector productivo legalmente establecido.
—¿Cuál es el espíritu de la disposición séptima?
—Es una disposición normativa que permite hacer controles y fiscalización a aquellas personas que acumulan, almacenan grandes cantidades de productos alimenticios, no para abastecer el mercado interno, sino almacenan estos productos en grandes cantidades para sacar, vía contrabando, vía exportación ilegal, estos productos hacia el Perú, hacia el Brasil, hacia la Argentina, hacia otros países.
Por lo tanto, son personas que son parte de organizaciones criminales que se dedican a la actividad ilícita del contrabando.
—¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo?
—A través de notas formales firmadas por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles, se ha convocado a otras instituciones para que, entre el martes y el miércoles de la próxima semana, se pueda presentar la propuesta normativa y se pueda conocer principalmente cuáles son los temores o cuáles son las propuestas o los problemas que tienen estos sectores a fin de atenderlos en el escenario de elaborar el reglamento que exige la propia disposición séptima para su correspondiente aplicación.
Es decir que actualmente esa disposición séptima está en un estado de pausa mientras no se apruebe el reglamento, que tiene que ser aprobado por una resolución biministerial.
—¿Por qué es necesaria la pronta aprobación del reglamento?
—Es necesaria debido a que actualmente no tenemos una normativa que luche contra el contrabando a la inversa, sí tenemos normativa que lucha contra el contrabando, pero de productos de mercadería de ingreso.
Esta falta de normas ha provocado que entre septiembre y diciembre del pasado año muchos productos esenciales de la canasta familiar han escaseado en los mercados del país y han provocado un incremento de precios.
Sin embargo, entre las observaciones se afirma que ya se efectuaron los controles y piden que se siga con los mismos mecanismos.
—¿Es esto posible? ¿Se puede continuar haciendo los controles sin el reglamento de la disposición séptima?
—Los operativos que han realizado otras instituciones como la Aduana y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, por ejemplo, detectaron y confiscaron grandes cantidades de productos que estaban saliendo hacia los otros países, pero estos empresarios e industriales no se percatan de que lo que sucede es que hay vacíos que actualmente evitan un mejor control y fiscalización.
Estos operativos que se han realizado lo han hecho en carretera, pero durante este trabajo que se ha hecho se han encontrado inmuebles cercanos a las fronteras llenos de productos, miles de quintales de arroz, de azúcar, harina, miles de litros de aceite, miles de maples de huevo acumulados para almacenarlos, para sacar por contrabando y ahí no tenemos una normativa para intervenir, no tenemos una normativa que señale un procedimiento.
—¿Qué va a pasar cuando se comise por ejemplo estos productos? ¿Se van a deshacer, se van a desechar, destruir, regalar, se van a donar, se van a vender? ¿Qué va a pasar con los recursos de la venta de estos productos? ¿Entran al Tesoro o se devuelve al propietario?
—Hay vacíos que no nos permiten hacer estos controles, por una parte, y por otra parte, ¿qué sucede en el caso donde se encuentran estos productos y no aparece el dueño y está el cuidador, o está el chofer o está el empleado?
—¿Qué hacemos en esos casos? ¿A quién procesamos?
—Entonces hay varios vacíos que se tienen que discutir en el reglamento a propósito de trabajar un procedimiento, de ver a quién alcanza, cuál va a ser el régimen de destino de estos productos comisados y cómo brindamos una seguridad jurídica a todo el sector productivo.
—¿Qué mensaje le daría a los empresarios que se oponen a esta normativa?
—Es incomprensible que algunos industriales y empresarios no se pongan la camiseta del pueblo. Mientras la gente hace fila desde la madrugada para comprar productos básicos en Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), otros almacenan grandes cantidades esperando venderlos al mejor postor. Esta disposición no está diseñada para perjudicar a quienes trabajan legalmente, sino para proteger al consumidor boliviano y garantizar que los productos esenciales estén disponibles y a precios accesibles.
—¿Cree que esta normativa resolverá los problemas de agio y contrabando?
—Ninguna normativa elimina completamente los delitos, pero sí establece herramientas para enfrentarlos con mayor eficacia. El reglamento que estamos elaborando permitirá brindar seguridad jurídica y garantizar que los productos decomisados sean manejados de forma transparente, en beneficio de la población.
¿Qué establece la disposición séptima?
I. Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
II. Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales debe declarar información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
AEP
