Destacan que el proyecto de ley protege el derecho a la vivienda de miles de familias y asegura la continuidad de las micro y pequeñas unidades productivas.
El Gobierno informó que el proyecto de ley que suspende embargos y difiere créditos de vivienda social, aprobado ayer en la Cámara de Diputados, responde a la solicitud de al menos 12 organizaciones sociales y puede beneficiar a más de 1,4 millones de prestatarios.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró que la norma no compromete la solidez del sistema financiero y que los depósitos están garantizados.
Según datos de la autoridad, la cantidad de prestatarios son aquellos que cuentan con créditos destinados a micro y pequeñas unidades económicas, así como a vivienda de interés social.
Subrayó que el proyecto de ley es “oportuno y responsable” porque protege el derecho a la vivienda de miles de familias, y asegura la continuidad de las micro y pequeñas unidades productivas, “que son un motor de la economía”.
APROBACIÓN
La Cámara de Diputados aprobó ayer en la madrugada, en sus dos estaciones, el proyecto de Ley 547/2024-2025, que dispone de manera excepcional la suspensión temporal de embargos y ejecuciones judiciales por créditos de vivienda de interés social, y el diferimiento de cuotas de estos préstamos y los otorgados a micro y pequeños prestatarios, que tiene el objetivo de apoyar la recuperación progresiva de su actividad económica.
La norma dispone que, por seis meses, computables desde su publicación, se suspenden los embargos, remates, desapoderamientos, ejecuciones de sentencias y otras medidas judiciales vinculadas a estos créditos, y establece que cualquier actuación contraria “es nula de pleno derecho”.
Montenegro indicó que la Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos Otorgados para Vivienda de Interés Social y Créditos a las Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña no compromete la estabilidad del sistema financiero, ya que no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios y las entidades financieras, y que se trata de una disposición temporal, específica, focalizada a determinados tipos de crédito.
Entre otros datos, expuestos por Montenegro ante el pleno de la Cámara Baja, están que, entre 2020 y 2024, la mora en la microempresa pasó de 1,8% a 3%. En cuanto a los préstamos de vivienda de interés social, ésta subió de 1% a 3,7% a julio en el mismo periodo, “reflejo de la vulnerabilidad de estos sectores frente a la coyuntura económica”.
El proyecto también dispone que las entidades financieras “deben diferir automáticamente los pagos de capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos”, y prohíbe “el incremento de tasas de interés, la ejecución de sanciones y penalizaciones por mora, el anatocismo y los costos administrativos adicionales”, además de prohibir la modificación de los términos, condiciones y coberturas de las pólizas de desgravamen hipotecario y de las que amparan la garantía de los créditos durante su vigencia.
Según la información, el proyecto aprobado también garantiza la continuidad voluntaria de los pagos. Los prestatarios podrán solicitar mantener el cumplimiento de sus obligaciones mediante los mecanismos habilitados por las entidades financieras.
Asimismo, el Ministerio de Economía comunicó que el proyecto de ley tiene el respaldo normativo de la Constitución Política, que en su artículo 19 garantiza el derecho a una vivienda adecuada, y en el 330 ordena priorizar a micro y pequeñas empresas y organizaciones productivas.
AEP
