En apenas tres años, se perforaron decenas de pozos. Trece de ellos dieron resultados positivos. Se abrió actividad en regiones antes inexploradas.
Durante años, Bolivia fue dueña de su gas y su petróleo. La nacionalización le devolvió el control de los recursos, pero algo se quedó en el camino. No se buscó más. No se exploró. El subsuelo quedó en silencio. Entre 2010 y 2020, solo se perforaron cuatro pozos en todo el país. Ninguno dio resultado. La producción empezó a caer, las reservas no se renovaron y el modelo que una vez fue símbolo de soberanía comenzó a mostrar grietas. Aunque el país seguía siendo dueño de su riqueza, dejó de hacer lo más básico: encontrarla. Y sin nuevos descubrimientos, incluso la mejor política se desgasta. Ese fue el punto de partida cuando Luis Arce asumió la presidencia.
Consciente de esa deuda pendiente, su gobierno lanzó el Plan de Reactivación del Upstream, una apuesta técnica y política para volver a explorar. Volver a buscar. Volver a conectar con lo que sostiene la soberanía energética: saber lo que hay bajo tierra y ponerlo en valor.
En apenas tres años, se perforaron decenas de pozos. Trece de ellos dieron resultados positivos. Se abrió actividad en regiones antes inexploradas. YPFB retomó el liderazgo técnico. El Ministerio de Hidrocarburos redibujó el mapa. Y desde el gabinete, la ministra María Nela Prada habló claro: “No se cuidó la nacionalización, y ahora toca hacerlo con responsabilidad y decisión”.
El presidente Arce también lo dijo sin rodeos: “No basta con nacionalizar, hay que proteger lo nacionalizado”. Y proteger, en este caso, implica perforar, invertir, planificar.
El Estado volvió al terreno, no solo como administrador, sino como buscador activo.
La energía, como la confianza, necesita renovarse. El gas que una vez dio respiro a la economía, hoy exige una mirada de futuro. Y el futuro, parece decir el Gobierno, no se improvisa: se explora.
AEP
