En los hornos no hay irregularidades sobre al peso y precio del pan.
En un operativo conjunto, autoridades nacionales ejecutaron controles para verificar el uso correcto de la harina subvencionada, con el objetivo de prevenir desvíos y garantizar que el pan de batalla llegue a la población con el precio y peso justo.
El operativo tuvo lugar la madrugada del jueves. Los equipos técnicos de los viceministerios de Defensa del Consumidor y de Comercio y Logística Interna, en coordinación con el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) y Emapa recorrieron zonas de la ciudad de La Paz para inspeccionar hornos y panaderías.
Las verificaciones incluyeron el pesaje del pan de batalla y la revisión del destino de la harina subvencionada que el Gobierno entrega a los productores para mantener el precio del pan en 50 centavos por unidad y que tenga un peso de 60 gramos.
En las revisiones que tuvieron lugar en los hornos los inspectores comprobaron que las marraquetas cumplían con el gramaje establecido de 60 gramos y mantenían el precio oficial de 50 centavos la unidad.
“En los puntos visitados, el peso se encuentra dentro de lo permitido”, explicó una funcionaria luego de pesar una de las piezas en balanza certificada por Ibmetro.
Sin embargo, cuando los operativos se trasladaron a los puntos de venta, se encontraron panes con pesos de hasta 40 gramos, reportó el Viceministerio de Defensa del Consumidor.
El viceministro Jorge Silva señaló que estos controles forman parte de un plan más amplio de seguimiento a la cadena de distribución de la harina subvencionada.
La autoridad recordó que en días pasados se detectaron irregularidades en al menos 130 puntos de venta en La Paz y El Alto, donde el pan de batalla se comercializaba con menor peso del reglamentado.
Silva advirtió de denuncias que indican que algunos panificadores, beneficiarios del subsidio, estarían destinando la harina a fines distintos al abastecimiento del mercado interno y señaló que correrán sanciones.
Entre las prácticas observadas figuran el desvío para contrabando a países vecinos y la reventa del insumo a otros productores, lo que vulnera el objetivo del subsidio y encarece el costo final para la población.
AEP
