El bloqueo de carreteras empezó el 2 de junio y se instalaron gradualmente en varios puntos del país, pero en mayor cantidad en el departamento de Cochabamba.
Empresas vinculadas a cadenas de valor suspendieron proyectos de expansión, congelando nuevas inversiones.
El Grupo de Acción Financiera Internacional colocó a Bolivia en la “lista gris” de mayor vigilancia, porque grupos cívicos y políticos alentaron paros que evitaron contar con el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
La ANH además controla que usuarios inescrupulosos no hagan carguíos repetitivos.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, denunció que los comerciantes mayoristas impiden el control de los precios de los productos de la canasta familiar en los mercados.
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